El derecho al estacionamiento en la CDMX
“Todos los viajes en auto comienzan y terminan en un cajón de estacionamiento”, dice el documento Menos cajones, más ciudad publicado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP, por su sigla en inglés). En la Ciudad de México circulan alrededor de 4.8 millones de automóviles todos los días, esto sin contar los camiones y camionetas de pasajeros y de carga y las motocicletas, según el Inegi. Estos autos pasan la mayor parte de su vida útil estacionados, en muchas ocasiones haciendo uso del espacio público.
¿De dónde sacamos el espacio para estacionar estos vehículos? ¿Es una obligación de las autoridades proporcionar los espacios de estacionamiento necesarios? ¿Y qué pasa con quienes no tienen automóvil? ¿Acaso existe un derecho a estacionarse?
El hecho de haber adquirido un vehículo automotor, pagar todos los impuestos que de ello derivan y contar con toda la documentación en regla no otorga el derecho de estacionarlo en la vía pública. No existe un derecho a estacionarse, al menos desde el punto de vista de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes creen que el espacio público está supeditado al interés común y no sólo al de las personas que tienen automóvil y desean estacionarlo. Aun la calle frente a hogares y negocios es un espacio público y en consecuencia, está condicionado al beneficio de todos.
“Creo que todos tenemos un derecho de aprovechamiento del espacio público que es distinto a tener un derecho al estacionamiento como tal. No existe doctrina o prerrogativa para que tú puedas alegar un derecho a estacionarte. Todos los derechos son siempre relativos, tienen límites, y toda tu actividad privada está condicionada al interés común”, explicó el profesor de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Faya, en entrevista con El Economista.
Muchas ciudades en todo el mundo han impuesto duras restricciones al uso del espacio público como estacionamiento. En ciudades como Bogotá y París se han implementado medidas como el incremento en las tarifas por estacionamiento en la vía pública, la reducción de espacios de estacionamiento o los cargos por congestión para desincentivar el uso del automóvil. En Denver, Seúl y Londres se eliminaron mínimos y se impusieron máximos a la construcción de estacionamientos en los inmuebles de la ciudad, algo que acaba de ocurrir también en la Ciudad de México.
“No, yo creo que esa es una idea errónea. Muchas ciudades te obligan a demostrar que tienes en dónde estacionarlo, cosa que es mucho más restrictiva. El caso de Tokio y algunas otras ciudades en Asia. No tiene ningún fundamento el decir que tienes el derecho de estacionarte, al fin es un espacio público, la calle”, comentó Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del ITDP.
En la Ciudad de México, donde existe un importante problema de congestión vial y falta de espacio, el interés común radica en darle prioridad al peatón y a los usuarios del transporte público antes que quienes usan el automóvil, que además son los menos.
“Muy por el contrario, quien es propietario de un automóvil está generando lo que en economía se llama una externalidad negativa, está imponiendo costos sobre la sociedad: está contaminando y está alimentando problemas de congestión y en este sentido, es válido que tenga que pagar impuestos y que tenga que pagar por utilizar el estacionamiento”, dijo Faya, quien también es profesor del Diplomado en Regulación del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Si el uso del espacio público para estacionar un automóvil no es un derecho del propietario, tampoco es un servicio público, sobre todo porque no puede equipararse a otros servicios que son genuinamente públicos porque benefician a toda la sociedad, como la seguridad pública, el alumbrado, los servicios de salud o la recolección y tratamiento de la basura.
Tampoco es un servicio público
Los servicios públicos son todas aquellas actividades y beneficios reservados a la administración pública para favorecer la realización efectiva de la igualdad y el bienestar social. De acuerdo con el ITDP, la noción del estacionamiento como servicio público es una de las falsas premisas de la antigua regulación, que hacía suponer que el Estado estaba “obligado a garantizar la mayor cantidad de estacionamientos, al menor precio posible”, lo que según el instituto es una “situación no deseable ni factible por cuestiones económicas, ambientales y espaciales”.
“Las ciudades tienen la obligación de proporcionar servicios públicos a sus ciudadanos y necesitas generar condiciones para que las ciudades estén ordenadas. Eso implica una serie de cuestiones adicionales a las de un estacionamiento (…) En este caso, estamos hablando de que no todos los ciudadanos tienen un automóvil, únicamente los que tienen cierto nivel de ingreso, y en ese sentido, difícilmente podría considerarse el estacionamiento como un servicio de carácter público”, explicó Faya.
Esto no exime a las autoridades de regular lo concerniente al espacio que se utiliza como estacionamiento tanto dentro como fuera de las construcciones. En términos regulatorios, existen dos tipos de estacionamientos: los que se encuentran fuera de la vía pública, que se dividen en los privados y los públicos con un costo por el servicio, y los que están en la vía pública, que pueden ser gratuitos o con un costo por el uso del espacio dependiendo de la zona de la ciudad en la que se encuentren.
En el caso de las regulaciones a la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México, publicadas el 11 de julio pasado, éstas modifican los requerimientos para la construcción de infraestructura de estacionamientos en cualquier inmueble de la ciudad: viviendas, restaurantes, centros comerciales, hospitales, entre otros.
“Se trata de regular el espacio que se desarrolla por privados, pero el papel del gobierno es influenciar el impacto social, como la congestión y el espacio que se le está dando en la ciudad a un bien que además es minoritario. Es una regulación del espacio privado que tiene impactos en lo público”, dijo Bernardo Baranda.
Las modificaciones a la norma técnica surgen de la necesidad que generó la Ley de Movilidad del Distrito Federal, promulgada en el 2014, de reducir la cantidad de viajes en automóvil que se hacen en la ciudad, bajo la premisa de que una menor inversión en infraestructura destinada al uso del automóvil reduce el número de viajes en este medio de transporte.
Las disposiciones establecen un cambio de paradigma desde el establecimiento de un número mínimo de cajones de estacionamiento para cada tipo de inmueble, lo que obligaba a los desarrolladores a incrementar la oferta de cajones de establecimiento, a un paradigma de un número máximo de cajones de estacionamiento, lo que intenta regular la demanda de espacio.
En este sentido, de acuerdo con la norma técnica vigente en la Ciudad de México: “Las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México podrán construirse sin la obligación de contar con los cajones de estacionamiento para vehículos motorizados, a excepción de las construcciones destinadas a los usos incluidos en los géneros de “Agencias y Talleres de Reparación de Vehículos Motorizados”; “Hospitales”; “Policía”; “Bomberos”; “Centros de Mensajería, Funerarias, Centros de Distribución, “Transportes Terrestres” y “Transportes Aéreos” y todos aquéllos que para el desarrollo de sus actividades requieran de vehículos de servicio y/o espacio destinado al resguardo de vehículos”.
Para explicar los nuevos máximos de la norma técnica lo más sencillo es hacer una comparación entre la norma anterior, que data del 2004, y la actual. Para el caso de los inmuebles destinados a la vivienda con una superficie de 121 a 250 metros cuadrados, la norma anterior exigía la construcción de al menos dos cajones de estacionamiento, mientras que la norma actual restringe el espacio dedicado al estacionamiento a máximo tres cajones para cualquier tipo de vivienda, desde una de interés social a una de tipo residencial.
Bajo la norma del 2004, los restaurantes con una superficie construida mayor a 200 metros cuadrados tenían la obligación de contar con al menos un cajón de estacionamiento por cada 10 metros cuadrados construidos, lo que implicaba que en muchas ocasiones la superficie destinada a estacionamiento superara las dimensiones del establecimiento. En el marco de la nueva regulación, los restaurantes ahora tienen la opción de construir máximo un cajón por cada 30 metros cuadrados construidos.
La construcción de cajones de estacionamiento está también condicionada a la zona de la ciudad en la que se ubique el predio, lo que puede generar la obligación de realizar un a aportación al Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial. Las zonas centro y norte de la Ciudad de México, que incluyen a las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Gustavo A Madero, son zonas de alta congestión vehicular en donde la construcción de espacios de estacionamiento está sujeta al pago de esta aportación.
“Siempre he considerado que no hace mucho sentido imponer requisitos mínimos de cajones de estacionamiento, esto por una parte porque interfiere con la libertad de quien va a desarrollar un proyecto, a lo mejor el propio mercado dicta cuáles son las necesidades del inmueble y si un inmueble por sus características, es decir, por el perfil de la clientela a la que va dirigido no necesita cajones de estacionamiento, ponerle un requisito únicamente te está elevando el costo y está afectando a la gente de menor ingreso; en general, es un costo adicional que podría ser innecesario”, dijo Faya.
La nueva regulación para los estacionamientos fuera de la vía pública es un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, sobre todo porque al mismo tiempo que regula la demanda de espacio de estacionamiento, permite que negocios que no cuentan con los recursos para ofrecer este servicio no dejen de operar a causa de un requerimiento que parece obsoleto. La pregunta ahora es ¿qué sucede con los estacionamientos que se encuentran en la vía pública?
Fuente El Economista