Senado prohíbe a patrones pedir carta de NO antecedentes penales a operadores y otros empleos
El Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.
El dictamen considera que quienes salen de la cárcel no sólo se encuentran tras el escrutinio público, también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos.
“El proyecto impulsa una verdadera oportunidad de reinserción social para quienes hayan cometido algún delito”, dijo el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia Gómez Urrutia.
Por su parte, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública.
Dijo que, en el caso de Aguascalientes, hay funcionarios corruptos, “me parece un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el no pedir la carta de antecedentes penales”.
¿En qué casos las empresas sí podrán solicitarla?
La Constancia de Antecedentes Penales Federales se extiende en los siguientes supuestos:
1. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.
2. Cuando sea solicitada para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.
3. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible.
4. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.
La medida preocupa a empresas de transporte
Se estima que, en nuestro país, el 18% de los mexicanos ha inventado información para incrementar sus posibilidades de ser contratado.
Eso explica porque el 80% de las empresas (a través de sus departamentos de Recursos Humanos, RH) consideran la búsqueda de antecedentes de sus postulantes para sus procesos de selección.
En una encuesta realizada en México a 200 empresas, el 46% estima que las pérdidas por fraude ascienden hasta 500,000 pesos.
Las consecuencias son diversas. Desde los llamados ‘robos hormigas’ que provocan que las empresas de transporte tengan pérdidas cercanas al millón de pesos, hasta el uso de unidades para llevar a cabo actos ilícitos.
Ante ello, varias empresas de transporte han recurrido a R-Control o Recurso Confiable, un sistema mediante la cual se busca certificar si un operador es ‘apto’ o no para ingresar a una compañía de transporte.
La idea es ser un parámetro para que las empresas tengan mayor información sobre el historial laboral y lugar de residencia de los operadores, con el objetivo de otorgar garantías a la compañía prestadora del servicio.
No obstante, el sistema ha sido fuertemente criticado, ya que resulta sumamente complejo que alguien o algo pudiera certificar si un operador es bueno o no, ya que para ello se necesitaría un proceso mucho más profundo.
En caso de que el operador no tenga ningún antecedente penal o irregular, pero por alguna razón el sistema establece que no es apto, se está afectando su posibilidad de laborar.
Por otro lado, los filtros de contratación en DiDi o Uber son muy similares. Cada socio conductor pasa por filtros que incluyen análisis de antecedentes no penales, certificaciones de seguridad y tecnología de confirmación de identidad activada aleatoriamente.
Luego de que se presenta la documentación requerida, los aspirantes pasan a un proceso de revisión para posteriormente ser aprobados o rechazados.
