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Ni García Harfush puede! Los robos a transportistas crecen a doble dígito

Ni el cambio de Gobierno de México, con un secretario de seguridad que se veía con más capacidad como Omar García Harfuch, no ha podido con los asaltos en carreteras; los robos a camiones de carga siguen teniendo un impacto negativo en la economía del país, lo que ha llevado a muchas empresas a enfrentar una crisis que afecta tanto su operatividad como su reputación en el mercado. Esto es un claro indicativo de la falta de eficacia en las políticas de seguridad implementadas por el gobierno actual, que no logran abordar la raíz del problema ni ofrecer soluciones sostenibles.

Según un informe reciente de la empresa de seguridad para el transporte de carga, los robos a camiones de carga aumentaron un 16% durante el último año.

La industria del transporte de carga es un pilar fundamental para la economía mexicana, y la inseguridad en las carreteras no solo afecta a las empresas, sino también a los consumidores y a la disponibilidad de productos en el mercado. Por ejemplo, la escasez de alimentos en ciertas regiones puede ser atribuida a la falta de seguridad, lo que crea un círculo vicioso de desabastecimiento y aumento de precios.

El aumento en los robos de carga genera costos adicionales para las empresas, que deben invertir en medidas de seguridad más sofisticadas y enfrentar pérdidas directas de mercancías. Estas pérdidas no son solo monetarias; también afectan la cadena de suministro, lo que puede llevar a retrasos en la entrega de productos y, en consecuencia, a la insatisfacción del cliente. Muchas empresas se ven obligadas a aumentar sus precios para compensar estas pérdidas, lo que impacta negativamente en la economía local y nacional.

En respuesta a esta creciente preocupación, algunas empresas han comenzado a implementar tecnologías avanzadas, como sistemas de GPS en tiempo real y cámaras de seguridad en sus vehículos, para monitorear y proteger sus cargas. Además, se han formado alianzas con empresas de seguridad privada para proporcionar escoltas en rutas de alto riesgo. Sin embargo, estas medidas son costosas y no siempre son suficientes para prevenir los robos.

En diciembre de 2024, se registraron entre 6 y 8 robos diarios en promedio en las carreteras del norte y centro del país, y más de 40 robos diarios a nivel nacional.

Además, las autoridades locales están bajo presión para implementar medidas más efectivas que no solo frenen el aumento de robos, sino que también restablezcan la confianza de los transportistas. Esto ha llevado a iniciativas de seguridad en colaboración con el sector privado, donde se busca crear un ambiente más seguro para el tránsito de mercancías. La participación comunitaria también es esencial, ya que crear conciencia sobre la importancia de la seguridad en las carreteras puede ayudar a disuadir a los delincuentes.

Las zonas con mayor incidencia de robos incluyen el Triángulo Rojo en Puebla y el Arco Norte en el tramo de Tula, además de Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Estos lugares se han vuelto notorios por su alta criminalidad, lo que ha llevado a que muchas empresas reevalúen sus rutas y horarios de operación. Por ejemplo, algunas compañías han dejado de operar en horas pico o han cambiado sus rutas por alternativas más largas pero consideradas más seguras. Esta reconfiguración logística puede resultar en mayores costos operativos que, a su vez, se transfieren a los consumidores.

El robo de alimentos y bebidas, que constituyen el 39% de los robos, no solo pone en riesgo la rentabilidad de las empresas, sino que también afecta la disponibilidad de productos esenciales en el mercado. Esto puede resultar en un incremento de precios que perjudica a los consumidores, quienes ya enfrentan dificultades económicas. En consecuencia, es imperativo que se tomen medidas para proteger estas mercancías y garantizar que lleguen de manera segura a su destino.

Estas regiones se han convertido en focos rojos para el transporte de carga, lo que obliga a las empresas a tomar medidas adicionales para proteger sus bienes.

Las estadísticas muestran que el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Jalisco son los estados más afectados por los robos de carga, lo que plantea un desafío significativo para las autoridades locales. En estas áreas, es fundamental que se realicen operaciones de vigilancia y se implementen estrategias de seguridad más efectivas. Un enfoque colaborativo entre el gobierno y el sector privado puede ser la clave para reducir la incidencia de estos delitos y restaurar la confianza en las carreteras mexicanas.

El incremento en los robos de carga afecta directamente a las empresas, que deben asumir los costos de las pérdidas y las inversiones en seguridad. Sin embargo, el impacto también se siente en los precios al consumidor, ya que las empresas trasladan estas cargas financieras a los precios finales de los productos. Por lo tanto, no solo se trata de un problema para las empresas, sino que también afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico donde cada peso cuenta.

Los transportistas, a falta de acciones concretas, han optado por evitar el tránsito nocturno por carreteras de riesgo, contar con protocolos de reacción en caso de robo, identificar zonas seguras y establecer canales de comunicación permanente con las autoridades. Estas medidas, aunque son un intento de proteger a los conductores y a sus cargas, no garantizan seguridad completa. La mejora de la comunicación y la coordinación entre las autoridades y los transportistas es crucial para implementar un sistema de respuesta más efectivo que minimice los riesgos asociados con los robos en carretera.

Las principales mercancías robadas incluyen alimentos y bebidas (39%), productos industriales y de construcción (15%), electrónicos y línea blanca (10%), ropa y zapatos (6%) y farmacéuticos (4%).

Los robos de carga no solo generan pérdidas directas para las empresas, sino que también afectan el clima de inversión y la confianza en la seguridad pública. Un aumento en la criminalidad puede disuadir a inversores potenciales, quienes podrían considerar que el riesgo de operar en México supera las posibles ganancias. Esto crea un efecto dominó que impacta no solo a las empresas de transporte, sino a toda la economía mexicana, que depende de un entorno seguro para crecer y prosperar.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, en 2024 se registraron 15 mil 937 robos de camiones de carga en las carreteras de México. Esta cifra alarmante refleja la magnitud del problema y la necesidad de un enfoque más robusto para abordar la inseguridad en las carreteras. Cada uno de estos robos no es solo una estadística; representa un impacto real en la vida de los transportistas, los propietarios de las empresas y, en última instancia, los consumidores que dependen de estos productos.

Los estados con mayor incidencia fueron el Estado de México (25%), Puebla (21%), San Luis Potosí (12%) y Jalisco (6%).

Estas cifras muestran que el problema se agudiza en algunas zonas, sin embargo, no hay medidas efectivas para combatirlo. El hecho de que tantas empresas estén sufriendo por la inseguridad en las carreteras debe ser un llamado de atención para las autoridades. La falta de acción no solo pone en riesgo la economía del país, sino que también afecta la vida de miles de trabajadores en el sector del transporte, quienes enfrentan el miedo de ser víctimas de un robo diariamente.

Los transportistas, a falta de acciones concretas, han optado por evitar el tránsito nocturno por carreteras de riesgo, contar con protocolos de reacción en caso de robo, identificar zonas seguras y establecer canales de comunicación permanente con las autoridades.

La criminalidad en las carreteras mexicanas representa un gran desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum. A medida que los robos de carga se convierten en un problema más apremiante, es esencial que el gobierno tome medidas decisivas para abordar la raíz de la criminalidad y garantizar la seguridad en las carreteras. Esto incluye no solo un aumento en la presencia policial en las áreas afectadas, sino también un análisis profundo de las causas que llevan a estos delitos, como la pobreza y la falta de oportunidades laborales.

Los robos de carga no solo generan pérdidas directas para las empresas, sino que también afectan el clima de inversión y la confianza en la seguridad pública.

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