Esto sabemos sobre la manifestación por retrasos en trámites de la Dirección General de Autotransporte Federal
La semana pasada, representantes legales y gestores del sector autotransporte federal se manifestaron frente a las oficinas de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para denunciar retrasos críticos en la tramitación de servicios esenciales.
La protesta tuvo lugar el viernes 25 de abril sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Porfirio Díaz, donde decenas de manifestantes bloquearon la vialidad como medida de presión. Los inconformes señalaron que trámites que deberían resolverse en un máximo de siete días hábiles, como la emisión de placas y la baja de unidades robadas, están tardando hasta dos meses, afectando gravemente la operación de las empresas transportistas.
Brandon Pulido, presidente de la Asociación Nacional de Representantes Legales, explicó que la demora en estos procedimientos tiene impactos severos: “Una unidad robada que no ha sido dada de baja oficialmente genera conflictos con las aseguradoras, mientras que los retrasos en la emisión de placas impiden a los operadores trabajar legalmente”, afirmó en entrevista.
Actualmente, se estima que en el centro metropolitano de la DGAF se gestionan entre 200 y 300 trámites diarios, de los cuales más del 70% presenta algún tipo de afectación debido a las demoras.
Ante la presión ejercida, se instaló una mesa de diálogo entre los manifestantes y funcionarios de la SICT, en la que se acordó un nuevo plazo máximo de 10 días hábiles para resolver los trámites pendientes. Además, se comprometieron a priorizar las bajas de unidades robadas.
No obstante, los representantes del sector advirtieron que, si en el corto plazo no se perciben mejoras sustanciales, retomarán las movilizaciones. Una nueva reunión de seguimiento fue programada para el 26 de mayo, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Las manifestaciones reflejan la creciente tensión dentro del sector del autotransporte federal, donde la eficiencia administrativa es esencial para la continuidad de las operaciones logísticas y el fortalecimiento de la economía nacional.
