La obtención de licencias federales para conducir vehículos de carga en México enfrenta una señal de alarma que pega directo en la línea de flotación de la seguridad carretera. Una investigación periodística publicada el 21 de abril de 2026 expone que diversos operadores habrían pagado entre 15 mil y 20 mil pesos, e incluso más en casos urgentes, para conseguir licencias federales de carga sin cumplir con el examen psicofísico integral, sin cursos presenciales y sin presentarse físicamente a completar el trámite.
De acuerdo con el reportaje, el esquema operaría mediante gestores con contactos dentro de la cadena del trámite oficial y con acceso a médicos terceros autorizados y centros de capacitación. El mecanismo no sólo implicaría “agilizar” el proceso, sino saltarse por completo los filtros que, en teoría, existen para verificar si un conductor está médicamente apto y técnicamente preparado para operar un tractocamión. La investigación documenta testimonios de conductores que relataron pagos fraccionados en efectivo y retiros bancarios, así como la obtención de constancias expedidas en entidades distintas a donde se encontraba el solicitante. (La Crónica de Hoy)
El punto más delicado del caso es que lo denunciado no se refiere a una licencia apócrifa de banqueta o a una falsificación de bajo vuelo, sino a documentos que presuntamente terminan integrados al sistema oficial. La nota relata que, tras entregar documentos personales, fotografía, firma y huellas dactilares digitalizadas, el periodista obtuvo primero la constancia de aptitud psicofísica y luego la constancia de capacitación, pese a no haberse sometido a revisión médica ni haber cursado la formación correspondiente. Posteriormente, su registro apareció en la base de datos de la propia SICT. Si esto se confirma a escala amplia, no estaríamos frente a una grieta administrativa, sino frente a una autopista para la corrupción institucional.
El problema se vuelve todavía más serio porque esos documentos no son accesorios. La SICT señala que para obtener la licencia federal digital de conductor se requiere contar con constancia de aptitud psicofísica y constancia de capacitación vigente; además, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte indica que el examen psicofísico integral es el paso para obtener el certificado de aptitud psicofísica mediante unidades médicas o médicos terceros autorizados. CANACAR también subraya que la capacitación para licencias tipo B, C y E debe realizarse únicamente en centros reconocidos oficialmente por la autoridad. (SCT)
El fondo del asunto es brutal: cuando se relajan o se venden esos filtros, el costo no lo paga sólo el operador honesto que sí invierte tiempo y dinero en regularizarse. Lo paga toda la cadena logística. Lo paga el embarcador, lo paga el asegurador, lo paga el usuario de la carretera y lo paga la competitividad del autotransporte. La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido áreas de mejora en la supervisión, inspección y verificación médica de la SICT, y recordó que las inadecuadas condiciones físicas de los conductores y la fatiga inciden de manera importante en los accidentes. (ASF)
Los datos de siniestralidad ponen contexto a la gravedad. El Instituto Mexicano del Transporte reportó que en 2023 hubo 12,099 colisiones en carreteras federales, con 6,403 lesionados y 1,864 fallecidos en el sitio; además, 23.5% de los vehículos involucrados fueron de carga. El propio IMT advierte que el comportamiento del conductor sigue influyendo de forma considerable en la ocurrencia de siniestros. Con ese tablero, dejar colarse licencias por la puerta trasera no es una travesura burocrática: es dinamita regulatoria. (imt.mx)
Para el sector, la lectura de negocio es clara. México no puede hablar de seguridad logística, profesionalización del operador y eficiencia de flota mientras persistan incentivos perversos en la obtención de licencias. La agenda no debería limitarse a castigar coyotes; también exige auditorías profundas a médicos autorizados, centros de capacitación, trazabilidad digital del expediente y cruces automáticos que detecten anomalías geográficas, temporales y biométricas. Porque una licencia federal no puede seguir tratándose como si fuera un trámite de escritorio. En un tractocamión, un papel mal emitido pesa toneladas.