Denuncian Transportistas escasez de papeleria oficial para centros de verificación
Transportistas del Servicio Público Federal (SPF) han denunciado una grave escasez de papelería oficial en los 353 centros autorizados para emitir los dictámenes de verificación físico-mecánica y de emisiones contaminantes, esenciales para la operación legal de sus unidades. Esta situación ha generado retrasos en las certificaciones y ha expuesto a los operadores a extorsiones y sanciones por parte de diversas autoridades.
Raúl Díaz Organitos, secretario general de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y de Carga (UPAC), señaló que los centros de verificación están recibiendo entre 50 y 300 documentos por establecimiento, cuando regularmente recibían entre 1,500 y 2,000. Esta reducción ha impedido satisfacer la demanda de los permisionarios, afectando la productividad de los centros autorizados.
El pasado 30 de abril venció el plazo para que los vehículos con terminación de placas 5 y 6 cumplieran con sus verificaciones. Ante la imposibilidad de obtener los dictámenes necesarios, muchos transportistas han sido víctimas de extorsiones y retenciones por parte de autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional.
La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Unidades de Inspección Federal han expresado su preocupación en oficios dirigidos a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), solicitando una prórroga para continuar con las certificaciones y una audiencia para exponer la problemática.
Los concesionarios estiman que en el país circulan más de un millón de vehículos del SPF, de los cuales al menos 900,000 están a la espera de cumplir con las verificaciones. Se calcula que alrededor de 175,000 unidades con terminación de placas 5 y 6 no han logrado obtener las boletas de verificación, enfrentando multas que ascienden a por lo menos 27,800 pesos por no contar con la verificación físico-mecánica y 6,672 pesos por la de emisiones contaminantes, además del pago de corralón.
Los transportistas y propietarios de centros autorizados hacen un llamado urgente a la SICT para que se otorgue una prórroga y se amplíe la fecha de verificación del primer periodo, con el fin de evitar mayores afectaciones al sector.
Fuente: La Jornada
