
La Asociación Nacional Transportista acusó que la vida de los operadores no puede utilizarse como moneda de cambio ni como herramienta de negociación política.
La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) lanzó un posicionamiento público en el que rechazó cualquier acuerdo que el Gobierno de México pretenda establecer con organizaciones que, a su juicio, utilizan la crisis de inseguridad carretera y la muerte de operadores para obtener beneficios particulares o responder a intereses políticos.
De acuerdo con información difundida por Oliva Noticias, el pronunciamiento fue dado a conocer por Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de ANTAC, quien señaló que la organización no avalará negociaciones con actores que se aprovechen del escenario crítico que enfrenta el autotransporte de carga en el país.
El posicionamiento ocurre en medio de un entorno cada vez más complejo para los transportistas, marcado por robos, extorsiones, homicidios y hechos de violencia en carreteras. Para ANTAC, la problemática ya rebasó el discurso político y exige acciones de seguridad reales, no acuerdos de escritorio ni protagonismos gremiales.
La organización sostuvo que su lucha se mantiene en defensa de los operadores, con base en principios de transparencia y congruencia. En ese sentido, aseguró que sus demandas no responden a intereses partidistas ni a agendas ocultas, sino a la necesidad de garantizar mejores condiciones de seguridad, justicia y respeto para quienes mueven diariamente la economía nacional.
ANTAC también calificó como un “acto ruin” que existan movilizaciones o acciones que utilicen el dolor de las familias de operadores fallecidos para obtener ventajas políticas. El mensaje, aunque duro, apunta directo al corazón del problema: la inseguridad carretera no puede convertirse en moneda de negociación entre grupos, autoridades y liderazgos que buscan reflector.
“La vida de los operadores no es moneda de cambio ni herramienta de negociación política”, concluyó la asociación en su comunicado.
El pronunciamiento abre nuevamente la discusión sobre la representatividad del sector transportista y la necesidad de que el Gobierno federal atienda la inseguridad carretera con una estrategia efectiva, medible y coordinada. Porque mientras unos pelean por la foto, los operadores siguen saliendo a carretera con el riesgo encima.


