Triangulo Rojo es caso de estudio por peligroso para el Transporte de carga
Las carreteras mexicanas ponen a prueba todos los días al transporte de carga, pues la crisis de inseguridad que vive el país desde hace varios sexenios y los accidentes viales complican la labor de los operadores, de ahí la importancia de tener un sólido respaldo, como un seguro, en caso de algún contratiempo, afirmó Leonardo Fantini, Director Regional de Seguros Marítimos y de Carga para Latinoamérica.
Indicó que en 2020 se reportaron 5 mil 284 carpetas de investigación por el delito de robo al autotransporte de carga, de acuerdo con la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), con datos de la Fiscalía General de la República.
“Para mitigar los riesgos en las carreteras es necesario un trabajo coordinado con profesionales que tengan conocimientos en el medio de transporte. Ese trabajo permitirá la creación de un plan que debe tener como objetivo mejoras continuas para minimizar los riesgos y que se llegue al destino final sin contratiempos”, señaló.
Entre los procesos más estudiados por AIG para hacer frente a tramos carreteros inseguros, como los del llamado “Triángulo Rojo”, de Puebla, está el uso de sistemas de localización satelital, sistemas seguridad electrónicos, utilización de personal con estándares de seguridad robustos y capacitación a choferes y custodios, entre otras medidas.
Los accidentes, por factores propios o ajenos al operador, son otro punto de presión sobre el transporte de carga. A nivel nacional se registran alrededor de 12 mil colisiones solo en carreteras, que en 2020 ocasionaron daños materiales por cerca de 60 millones de dólares, de acuerdo con los últimos datos disponibles.
Proteger y dar herramientas para la seguridad del transporte de carga se traduce en apoyar a la economía mexicana. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el sector aporta 532 mil 816 millones de pesos, equivalente al 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, a la primera mitad del 2020.
En materia de empleo, aproximadamente seis millones de familias dependen directa e indirectamente del autotransporte de carga. El sector moviliza 552 millones de toneladas de mercancías y productos, lo que equivale al 81.5 por ciento de la carga terrestre y 56.3 por ciento de la carga doméstica total, de acuerdo con Canacar.
De acuerdo a la Guardia Nacional (GN), durante el periodo enero-octubre de 2020, se acumularon 100 asaltos en 24 carreteras federales ubicadas en 35 municipios veracruzanos, así como en zonas limítrofes con Puebla y Tabasco.
Hasta octubre del año pasado, las carreteras más peligrosas para los transportistas fueron la Puebla-Córdoba y La Tinaja-Cosoleacaque, que sumaron entonces 37 asaltos registrados en territorio veracruzano.
En el mismo periodo, la carretera Puebla-Córdoba registró un total de 22 atracos, dentro de la entidad veracruzana, a los que se suman 28 asaltos más ocurridos en el estado de Puebla, que suman un total de 50 asaltos a transportes de carga en este tramo.
Puebla fue la segunda entidad con más robos a transportistas, con el 13 por ciento, Veracruz, con el 11 por ciento, Guanajuato, con 8 por ciento, Jalisco, el 6 por ciento, Hidalgo y Nuevo León, el 5 por ciento.
¿De enero a octubre 100 asaltos?, es una cifra muy baja, es decir 10 asaltos por mes.
No sé de dónde obtienen las cifras, pero no refleja la realidad. Son más asaltos que se comenten, en los tramos mencionados, que la cantidad indicada en su reportaje.
Hay muchos asaltos que no se denuncian, por diversos factores, uno de ellos es la amenaza tanto al conductor como al propietario del vehículo. No existe una confianza en las autoridades ni respaldo.
También existen casos en que el robo se lleva a cabo, y bajo amenazas del ladrón no se lleva a cabo la denuncia, bajo la promesa de que el vehículo y el operador van a ser recuperados. Y así evitar la burocracia de la recuperación del vehículo así como el hurto, tanto en piezas como las tarifas de los servicios de arrastre y salvamento.
Hoy en día, el servicio de autotransporte federal, es una actividad de riesgo, y las autoridades no ofrecen un seguridad, que por ley, están obligados a dar tanto a operadores cómo dueños de vehículos y carga.