La cadena de suministro en México acaba de recibir un recordatorio brutal de su vulnerabilidad: el Estado puede seguir operando “en papel”, pero si un capo cae, el país se frena por fuego cruzado. El operativo del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, detonó una ola de narcobloqueos, quema de vehículos y ataques coordinados en varios estados que paralizaron tramos clave de carretera y alteraron la cadena de suministro a escala nacional.
En los días posteriores, se reportaron bloqueos, incendios de camiones y autos en Jalisco, Michoacán y otras entidades, con imágenes de unidades del transporte público y de carga ardiendo en Guadalajara y Puerto Vallarta. (infobae) El Gobierno federal tuvo que desplegar 2,000–2,500 soldados adicionales sólo en Jalisco para intentar contener la violencia y reabrir carreteras estratégicas, mientras se mantenía un “Código Rojo” en el estado.
Para transportistas, eso se tradujo en rutas canceladas, unidades detenidas en patios, desvíos largos y un incremento abrupto en tiempos de tránsito, todo ello tensionando la cadena de suministro justo en corredores de alto valor industrial y exportador.
El impacto rebasó al autotransporte. Ante la violencia vinculada a la muerte de El Mencho, se suspendieron actividades en oficinas del SAT, módulos del INE y escuelas en diversos estados, mientras la Embajada de Estados Unidos recomendaba a sus ciudadanos resguardarse ante bloqueos carreteros y ataques. (infobae) Esa combinación de riesgo operativo + parálisis administrativa pegó de lleno en la programación de entregas, liberación de mercancías y operación de centros logísticos. Para la cadena de suministro, esto implicó inventarios atrapados, penalizaciones por incumplimiento y reprogramación masiva de ventanas de entrega.
A nivel táctico, las empresas respondieron con el manual conocido: detener unidades en zonas seguras, evitar circular de noche en zonas rojas, redirigir carga hacia corredores menos expuestos y activar protocolos de crisis. Pero cada una de esas decisiones tiene costo: más kilómetros, más combustible, más horas de operador, más primas de seguro y más sobreprecio de “riesgo país” que acaba filtrándose en toda la cadena de suministro.
El efecto de mediano plazo puede ser más delicado. La muerte de El Mencho abre un periodo de reacomodos internos en el CJNG, con riesgo de disputas entre facciones por territorios y rutas, justo donde pasan autopistas, libramientos y nodos clave para exportación. (infobae) Eso significa que el crimen organizado mantiene capacidad no sólo de robar carga, sino de interrumpir físicamente la infraestructura logística cuando se siente amenazado, un riesgo que inversionistas y aseguradoras ya están metiendo en sus modelos de evaluación.