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La “Extorsión Institucional” que sufren los transportistas diario en los municipios

El comercio es la sangre que mueve a la economía nacional, y el tema logístico y de transporte es esencial para esta actividad que únicamente está orientada a fomentar la competitividad y el desarrollo económico con el fin de que los productos lleguen en tiempo, con calidad y buen precio a todos los rincones de México.

Ahora bien, nuestra Constitución Política garantiza el libre tránsito personas y mercancías en todo el territorio, además prohíbe que las entidades federativas graven por estos conceptos; sin embargo en Tabasco y en 19 estados más se viola la Constitución.

Con argumentos sacados de la manga se impone a los transportistas el pago de cuotas violatorias a la Ley bajo la condición de dejarlos transitar, cargar y descargar mercancías y productos de todo tipo.

En términos coloquiales, estamos hablando de una “extorsión institucional” que va en contra del acuerdo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó recientemente con el sector empresarial para mantener controlada la inflación.

También es un “caldo de cultivo” para la corrupción pues, mediante el abuso de autoridad, se hace un manejo opaco y discrecional del dinero en efectivo que se obtiene por esta vía.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversas cámaras empresariales así lo han denunciado.

Algunos ejemplos: la Caintra en Nuevo León publicó un estudio que arroja que 67% de los transportistas son extorsionados por la policía o tránsito municipal con elevadas cuotas de carga y descarga.

En Tamaulipas, la Canacar reveló que al día hay 15 casos de extorsión a transporte de carga.

Según el Instituto Mexicano del Transporte, el movimiento de carga nacional fue de 655 millones de toneladas y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el universo de distribución de mercancías se dirige a más de 4 millones de establecimientos entre micro, pequeñas y medianas empresas; es por eso, que el Gobierno y Ayuntamientos vieron en este sector una nueva forma de recaudar recursos aunque sea ilegal.

De acuerdo con datos de la ANTP, en 19 estados de la República se solicitan permisos estatales con un costo desde $1,600 hasta $2 millones anuales por flota, así como 310 municipios donde se solicitan permisos desde mil hasta un millón de pesos por tránsito, carga y descarga. Según esta asociación, los estados más críticos en los abusos son Tamaulipas, Tabasco y Veracruz  ¡Esto es aberrante!

Como legisladora no puedo quedarme cruzada de manos cuando la economía mexicana no marcha bien. Por eso, desde la máxima tribuna de los tabasqueños en el Congreso Local realicé un exhorto al Gobierno de Tabasco y Ayuntamientos para que suspendan estos cobros ilegales de manera inmediata. En el mismo sentido, he solicitado a nuestras Diputadas y Diputados Federales aliancistas sumarse a este llamado.

La extorsión y los cobros ilegales por tránsito, carga y descarga que sufren los operadores logísticos tiene severas consecuencias y la más importante es que se ve reflejado en mayores costos para los consumidores finales.

El sector transportista ya se enfrenta a otros problemas antes de llegar a su destino final: la inseguridad, las malas condiciones de la infraestructura carretera y robo de mercancía, entre otros, ¡no podemos permitir más!

Fuente https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Estados-y-municipios-extorsionadores-de-transportistas-20220515-0089.html

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