
Las nuevas atribuciones de tránsito de la Guardia Nacional en carreteras federales, vigentes desde el 27 de mayo, generan inquietud entre los transportistas veracruzanos, según reportaron medios de la región que recogen las declaraciones de la Asociación de Motoristas del Transporte en Carreteras (AMOTAC). Los operadores señalan que no existe aún una comunicación clara sobre los procedimientos específicos que la GN aplicará al autotransporte federal en los controles de tránsito, y temen que la nueva facultad se traduzca en inspecciones discrecionales, tiempos de detención no regulados y multas aplicadas con criterios no uniformes.
La preocupación de AMOTAC en Veracruz no es menor: el estado es uno de los más transitados del corredor Golfo-Centro, con miles de camiones de carga que conectan el Puerto de Veracruz con la Ciudad de México, el Bajío y el sureste del país. Cualquier demora sistemática en esos movimientos por controles de tránsito mal coordinados tendría un impacto multiplicador sobre la cadena logística nacional. Los transportistas recuerdan que el historial de control vehicular en el corredor veracruzano incluye episodios de extorsión por parte de elementos en funciones de tránsito, y temen que las nuevas facultades sin protocolos claros abran la puerta a prácticas similares.
La SICT y la Guardia Nacional aún no han publicado el reglamento específico de actuación de la GN en funciones de tránsito para el autotransporte federal. La ausencia de ese documento es el vacío que más preocupa al sector: sin reglas claras sobre tiempos máximos de detención, documentos exigibles, procedimientos de inspección y mecanismos de queja, los transportistas quedan expuestos a la discrecionalidad de cada elemento en el campo. Canacar también ha demandado ese reglamento desde que se anunció el cambio.
El sector espera que la SICT y la GN publiquen a la brevedad los protocolos específicos para el autotransporte federal, que incluyan capacitación de los elementos de la GN en la normativa del sector, esquemas de comunicación con Canacar y las demás cámaras del autotransporte, y mecanismos de supervisión que eviten el abuso de las nuevas facultades. Sin esos elementos, la buena intención de mejorar la seguridad vial puede convertirse en un nuevo factor de fricción operativa para el sector.



