Estados Unidos investiga contrabando de diésel hacia México: alerta para empresas de transporte
Autoridades estadounidenses han iniciado una serie de investigaciones sobre una red de contrabando y venta ilegal de diésel que cruza la frontera hacia México.
El combustible, adquirido de manera ilícita o a precios subsidiados en Estados Unidos, es traficado a través de puntos vulnerables en la frontera norte para ser comercializado a empresas de transporte mexicanas a precios significativamente más bajos que los del mercado formal.
Investigación federal en curso
De acuerdo con reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se han identificado estaciones de servicio, distribuidores independientes e incluso transportistas estadounidenses involucrados en la sustracción, alteración de facturación y exportación no declarada de hidrocarburos hacia México.
Las investigaciones también involucran el uso de tractocamiones y tanques cisterna que operan con documentación apócrifa o falsificada para cruzar la frontera en zonas de menor vigilancia.
La Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ha confirmado que se han detectado patrones repetitivos de cruce y entrega en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, donde se ha disparado la oferta de diésel barato proveniente del extranjero. Las autoridades mexicanas, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas, han sido notificadas para coordinar acciones conjuntas.
Empresas de transporte bajo la lupa
Empresas mexicanas dedicadas al transporte de carga han comenzado a figurar en las investigaciones por su participación, directa o indirecta, en la compra de combustible de procedencia ilícita. A continuación, se enumeran los principales riesgos legales y operativos para estas compañías:
1. Delitos federales
Comprar hidrocarburos robados o introducidos de forma ilegal al país puede constituir delitos como receptación de bienes robados, contrabando, y delincuencia organizada, todos contemplados en el Código Penal Federal.
2. Sanciones administrativas
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) pueden imponer multas millonarias, clausura de instalaciones o cancelación de permisos de transporte y almacenamiento.
3. Responsabilidad penal del representante legal
Los directivos y representantes legales pueden ser procesados penalmente si se comprueba que tuvieron conocimiento o participación en las operaciones ilegales.
4. Daños a la reputación y pérdida de contratos
Las empresas vinculadas con estas prácticas corren el riesgo de perder contratos con clientes nacionales e internacionales, especialmente aquellos que exigen certificaciones de cumplimiento normativo y trazabilidad energética.
5. Riesgos técnicos y de seguridad
El uso de diésel adulterado o sin control de calidad puede dañar los motores de las unidades, incrementar costos de mantenimiento y poner en riesgo la seguridad de los operadores y la carga.
Llamado a la legalidad
Las cámaras empresariales, como la CANACAR y la ANTP, han instado a sus afiliados a verificar la procedencia del combustible, exigir facturación legal con trazabilidad fiscal y evitar proveedores informales. También han solicitado al gobierno federal mayor vigilancia y control aduanero para detener estas prácticas que distorsionan el mercado y afectan la competitividad.