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Decreto para sumar la Guardia Nacional a Sedena es inconstitucional, señalan empresarios

El pasado 8 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).

Ante tal escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex (organismo que aglutina empresarios de todos los sectores) señaló que este decreto sería inconstitucional.

Lo establecido por dicha confederación se basa en lo establecido en el Artículo 21 de nuestra Carta Magna, la cual señala que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Por ello, la Coparmex advertió que, de mantenerse la intención del presidente de emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en la Constitución.

“El camino correcto para avanzar en la propuesta presidencial es que exista una iniciativa de Reforma Constitucional en la materia; que ésta pase al Poder Legislativo y ahí se discuta, pues es claro que un poder -en este caso el Ejecutivo- no puede tomar atribuciones que no le corresponden”.

La Guardia Nacional debe ser civil y no militar, señalan empresarios

El organismo indicó que el país vive una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos; es decir, 99 víctimas de homicidio por día.

“Esto confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar, que coadyuve con las autoridades estatales y municipales”.

Por lo anterior, Coparmex señala que este decreto desmantelará el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía y de las Fuerzas Armadas.

“En Coparmex estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado, con instituciones civiles y no militares”.

El organismo sentenció que estará al pendiente con puntualidad de cualquier desviación, incumplimiento o acción de inconstitucionalidad que se presente en nuestro país, pues espera que siempre se siga el camino de la legalidad.

Extorsiones y Guardia Nacional

El decreto se presenta en medio de una serie de señalamientos por parte de transportistas sobre actos de extorsión emitidos por elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos del país.

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), tanto la Policía Municipal como la Guardia Nacional son los agentes que más extorsionan a las empresas de autotransporte de mercancías (67% de los casos).

A la par, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Conatram, ha denunciado reiteradamente sobre prácticas de extorsión por parte de policías municipales en Nuevo León y Coahuila, quienes les piden a los operadores hasta 10 mil pesos, alegando cualquier infracción al Reglamento de Tránsito.

La propia Caintra reveló que el 42% de las empresas de transporte ven dañadas sus finanzas al tener que sumar el pago de cuotas semanales que, en conjunto con los demás gastos en seguridad, superan los 280 millones de pesos por año.

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