¿Camaros y Mustangs para combatir robos al transporte? San Luis Potosí va por esa estrategia
Después de que el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona anunció a inicio de año que había una propuesta para disponer de 50 vehículos Camaros y Mustangs como patrullas de la Guardia Civil División de Caminos, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac), aprobó la medida y aseguran que eso coadyuvaría a la seguridad en las carreteras del estado.
El delegado en San Luis Potosí de Amotac Raúl Torres Mendoza, dijo que la propuesta de tener 50 patrullas Mustang y Camaro beneficiaría a más de 45 mil operadores de transporte que circulan en poco más de 23 mil unidades que transitan en todo el territorio potosino.
Dicha propuesta otorgaría a los elementos de seguridad vehículos más rápidos para resguardar las carreteras y dar alcance y detener a objetivos criminales cuando hay llamados de emergencia.
Lamentó que el sector transportista aún deba padecer robos e inseguridad, problema que no ha podido revertirse o disminuir en carreteras como la de Matehuala, Huizache, San Luis Potosí y recientemente con un incrementó en Santa María del Río.
Refirió que el pasado 31 de diciembre del 2022 sufrieron el robo de tres tractocamiones que requerían de persecución y detención de asaltantes, pues en uno de los atracos las pérdidas ascendieron el millón 800 mil pesos y la aseguradora sólo les ofreció el pago de 420 mil pesos.
Lamentaron incluso que, en el mes de enero del presente año, sufrieron la pérdida de tres compañeros que fueron asaltados.
En este sentido, indicó que el robo al transporte incrementó un 40%, contabilizando desde el año pasado 273 unidades robadas a la fecha en todo el territorio nacional. Sólo en el mes de diciembre en San Luis Potosí sufrieron ocho robos de camiones cañeros.
“Todos los días hay robo de tractocamiones y el gobierno federal tiene oídos sordos para el sector transportista… por ello aplaudo la propuesta del señor gobernador” expresó.
El sector transportista insistió en un cambio en las políticas públicas, pues se sienten abandonados y poco comprendidos desde los últimos sexenios del gobierno federal, aseguran que el sector es muy vulnerable ante la delincuencia.
