70% de los decomisos de combustible son en aduanas de Tamaulipas
Entre el 1 de enero del 2019 y junio del 2020 última información disponible en todo la frontera se aseguraron 2 millones 117 mil litros de gasolina, diésel y gas propano que iba a ser ingresado de manera ilegal al país.
De ese total, en Nuevo Laredo fueron decomisados 1 millón 507 mil litros. Estos datos aparecen en la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, y que propone entre otras cosas, suspender permisos a las empresas que tienen autorizados diferentes procesos como la importación, transporte y almacenamiento de combustibles.
En el caso de los decomisos ocurridos en la aduana de Nuevo Laredo se dieron, según el documento, a la “detección de la omisión del pago de cuotas compensatorias el órgano fiscalizador”.
Además por no contar con la documentación necesaria para justifi car su ingreso legal al país. Esta práctica ilegal “representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos”.
La estrategia del gobierno federal para frenar este delito, ha llevado a reducir de manera considerable los permisos para la importación de hidrocarburos, pues aseguran que muchos de los solicitantes no cumplían con lo provisto en las normas establecidas.
Según el presidente de la Comisión de Política Energética de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, José Ángel García Elizondo, actualmente hay alrededor de 10 empresas en Tamaulipas que tenían permiso para importar combustible y que no han podido renovarlo.
El representante de los gasolineros atribuyó esta situación a que la Comisión Reguladora de Energía se encuentra “a puerta cerrada” desde que comenzó la pandemia. Las que no han perdido sus facultades son las trasnacionales que lograron autorizaciones por periodos de hasta 20 años.
El 26 de marzo, la Cámara de Diputados recibió del Presidente de la República una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, que entre otras cosas, propone la posibilidad de suspender los permisos otorgados a empresas privadas relacionadas con el manejo de hidrocarburos, cuando se detecte “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Esto ha sido catalogado por diversas organizaciones empresariales como un retroceso legislativo para la industria, e incluso han señalado que abre una puerta para que el gobierno realice “expropiaciones”.
En su justificación, el Ejecutivo detalla que lo que se busca con la reforma es defender la soberanía energética del país y salvaguardar los intereses de la nación.