Piden a SCT evitar abusos de grúas de arrastre en salvamentos
La Comisión Permanente de la Cámara Federal de Diputados pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervisar verdaderamente las tarifas que se cobran en los arrastres de grúas y salvamentos que realizan concesionarios en carreteras federales.
Xitlalic Ceja Garcia, secretaria de la Comisión de Infraestructura de dicha cámara, pidió asimismo que existe una amplia difusión de las tarifas oficiales establecidas por la SCT para evitar abusos en los cobros por dichos servicios.
Ceja García mencionó que conforme a la Policía Federal, durante 2012 los incidentes registrados en la red vigilada por este organismo fueron 24 mil 216 accidentes, en los cuales hubo 4 mil 548 muertos y daños materiales por mil 374 millones de pesos.
En el punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, explicó que conforme a la legislación vigente, las tarifas deberán estar a la vista del público y serán las máximas, para que a partir de ellas, grulleros y usuario puedan convenir cobros menores, en función del tipo de servicio y vehículo accidentado.
En la mayoría de las ocasiones los usuarios, que tienen que recurrir a estos servicios, desconocen que están debidamente regulados por la autoridad federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con base a tabuladores tarifarios que precisan lo que los prestadores de estos servicios tienen que cobrar.
Exige aplicar la ley
Xitlalic Ceja relató que de acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, la prestación de servicio de arrastre y salvamento consiste en realizar maniobras mecánicas y/o manuales que se destinan a redimir aquellos vehículos accidentados, sus partes o su carga.
El artículo 20 de la Ley precisa que la SCT podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las unidades de verificación, así como las bases de regulación de los servicios, y éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación del mismo en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
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