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Manifestaciones y amparos en Hidalgo por revocación de concesiones de verificentros

La revocación de permisos de 49 de 52 verificentros en Hidalgo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath) por presuntas irregularidades graves generó un nuevo enfrentamiento entre la clase político-empresarial y el gobierno de Omar Fayad Meneses.

Mientras se avivan los rumores desde el grupo de Fayad acerca de que el todavía mandatario tendrá un cargo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el retiro de los permisos fue visto por los empresarios (algunos hechos al amparo del PRI, al igual que el gobernador), como parte del “año de Hidalgo” (“$%& el que deje algo”), a través de una medida en la que se quitan las concesiones a los actuales responsables, para darlos a otros empresarios alineados con los objetivos del grupo político que termina en este periodo. 

La postura del gobierno, en tanto, es que los concesionarios cometieron irregularidades graves en la operación de los verificentros, como alterar resultados para otorgar hologramas que acreditaban la verificación vehicular a unidades que no cumplían con los elementos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Con base en información recabada sobre la operación de los centros, entre los empresarios detrás de los verificentros suspendidos se encuentran políticos como Aurelio Marín Huazo, exsecretario de Gobierno de Hidalgo, quien habría sido favorecido con contratos por 5.5 millones de pesos, sin licitación, para dar asesoría especializada “en gestión social” para el que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En el currículo de Marín destacan los casi 30 años en cargos políticos a través del PRI, pero ninguna experiencia que lo avale para el servicio que fue requerido.

Lo anterior fue parte de una investigación periodística de RindeCuentas.org. Marín habría sido favorecido por quien fue su jefe político: Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo.

Entre los titulares de verificentros están empresarios ligados a otros exmandatarios, como Jesús Murillo Karam, así como al alcalde priísta de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, y a otros personajes de la política, como exfuncionario estatales, más otros ediles y exediles de Tula y Tulancingo, cabeceras de dos de las principales regiones en la entidad.

El actual titular de la Semarnath, Said Javier Estrella García, ha declarado que los permisos fueron cancelados por inconsistencias y malas prácticas.

Entre éstas, la dependencia asegura que se encuentran navegación libre a Internet, con lo cual, acusa, se puede vulnerar el sistema encriptado con el que cuenta la Plataforma Hidalguense de Verificación.

También denuncia que identificó apreturas de gabinete y calibraciones sin dar aviso a la Semarnath; presencia de personas no autorizadas dentro del área de verificación.

¿A dónde van las nuevas Concesiones? 

Según la dependencia, tras detectar estas prácticas notificó a los establecimientos a fin de que subsanaran las fallas; sin embargo, afirma que estos nos cumplieron con los lineamientos normativos para el funcionamiento de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular y Unidades de Verificación Vehicular para el año 2022, en el primer semestre.

Por estas situaciones, representantes legales de los verificentros han presentado amparos, al argumentar irregularidades en la actuación del gobierno.

En manifestaciones tras la implementación de esta medida, los operadores de los centros de verificación con los permisos revocados señalaron que lo que ha sucedido hace pensar si el grupo político saliente puede emprender “el año de Hidalgo”, y asignar los permisos a empresarios afines.    

“Lo que no podemos permitir es que siga habiendo irregularidades, eso es lo que está sucediendo… no se trata de atropellar los derechos de nadie sino cumplir con las disposiciones del me

Fuente EMMEQUIS

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