Ley General de Movilidad eliminaría a 150 mil permisionarios registrados ante la SICT
Hace unos días, la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Entre otras propuestas, la Ley define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.
Sin embargo, para Canacar, esta Ley no contempla un justo equilibrio entre la movilidad de las personas y las mercancías, ya que se pretender regular al transporte de carga, cuando la facultad de esta actividad deriva del artículo 73 fracción XVII de nuestra constitución.
En ese sentido, Ramón Medrano, presidente nacional de Canacar, explicó que las políticas y sistemas que se adopten para prevenir y reducir los accidentes no deben de ir enfocados a restringir en días, horarios y vías el desplazamiento de vehículos y mercancías.
Diputados se manifiestan
Ante ello, diputados de Morena, PT y PVEM, encabezados por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, respaldaron la exigencia de transportistas de no aprobar, en sus términos, el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto para crear la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En rueda de prensa, pidieron respetar que sea SICT la encargada de expedir el permiso a las personas físicas o morales que desean prestar los servicios de autotransporte federal y no los estados, municipios o alcaldías como se propone en dicho dictamen.
Borrego Adame cuestionó la urgencia de la Comisión de Movilidad de avalar esta minuta del Senado, sin antes haber escuchado las demandas de los transportistas, y dijo que se trata de un tema recaudatorio.
Aclaró que no están en contra de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, “lo único que solicitan es que escuchen la opinión de los sectores que transitan todos los días en las carreteras nacionales y que tienen que atravesar por algún motivo estados y municipios”.
Para el diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM), la Ley de Movilidad solo es un tema recaudatorio que le va a permitir a los ayuntamientos poder cobrar un permiso para poder transitar por los municipios o por las alcaldías en la Ciudad de México.
El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), José Refugio Muñoz López, ratificó su apoyo a la promulgación de dicha normatividad que se desprende del derecho constitucional a la seguridad vial.
Sin embargo, esa Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tal y como llegó a la Cámara de Diputados del Senado “es susceptible y debe de ser reformada”.
“Esta ley define el servicio de transporte sólo a aquellos permisionarios que son autorizados por los gobiernos de los estados o municipios, y de un plumazo está condenado a desaparecer a los más de 150 mil permisionarios que hoy por hoy estamos registrados ante la SICT”, argumentó.
Organizaciones apoyan el “sí” a la Ley
En contraparte, organizaciones de la sociedad civil, expertas en temas de seguridad vehicular y de familiares de víctimas, urgieron a diputadas y diputados del Congreso de la Unión a votar a favor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tal y como se aprobó por las y los senadores
Desde su perspectiva, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se volverá un instrumento jurídico que exprese adecuadamente el mandato constitucional que garantiza, entre otras cosas, el piso mínimo a nivel federal para cumplir con el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial.
“Resulta inverosímil eximir de la responsabilidad que tienen los vehículos y su diseño en los siniestros de tránsito, ya que la industria automotriz es quien ha obstaculizado el proceso de más de 3 años de investigación, elaboración y revisión del proyecto de ley”, señala la organización ‘El Poder del Consumidor’.
Por su parte, la organización civil Refleacciona con Responsabilidad A.C. señaló que la industria automotriz mexicana invierte millones de pesos para frenar cualquier política pública que busque incrementar la seguridad vehicular.
“Está dispuesta a todo con tal de ahorrarse unos centavos, aun sabiendo que para México se producen autos que cumplen las recomendaciones de la ONU en seguridad y van para exportación, y autos de baja seguridad que producen e importan para consumidores mexicanos”, afirmó Miguel Ángel Toscano, presidente de la organización.
