A pesar de la existencia de una ley que prohíbe los jammers, su aplicación es nula; los dispositivos que facilitan el robo al autotransporte de carga siguen disponibles en línea.
En México, el robo al autotransporte de carga sigue siendo uno de los delitos más costosos y peligrosos para la cadena logística. Una de las herramientas más utilizadas por los delincuentes para llevar a cabo estos atracos son los jammers, dispositivos que bloquean señales GPS, celulares y de radiofrecuencia, impidiendo así que las unidades sean rastreadas en tiempo real. Aunque desde 2021 existe una legislación que prohíbe su venta y uso, conocida popularmente como la “Ley Anti-Jammer”, en la práctica su cumplimiento brilla por su ausencia.
Una Ley sin dientes
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue reformada en 2021 para establecer que la fabricación, comercialización, adquisición, distribución o uso de inhibidores de señal es un delito federal. Las penas van desde los 12 hasta los 15 años de prisión. Sin embargo, a casi cuatro años de su promulgación, no se han registrado detenciones significativas relacionadas con la compra o venta de estos dispositivos.
En un recorrido realizado por este medio a través de diversas plataformas de comercio electrónico —incluyendo redes sociales y marketplaces populares— se pueden encontrar jammers de diferentes rangos de potencia, con precios que van desde los 2 mil hasta los 15 mil pesos. Muchos se anuncian abiertamente como “bloqueadores de GPS para flotillas” o “equipos de privacidad vehicular”, aunque los vendedores y compradores saben perfectamente su uso real.
Herramienta del crimen organizado
Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), más del 85% de los robos con violencia a camiones incluyen el uso de algún tipo de jammer. Estos dispositivos permiten a los delincuentes desactivar los sistemas de localización y comunicación del tractocamión, lo que retrasa la reacción de las empresas y autoridades.
Empresarios del sector afirman que, aunque la tecnología de rastreo ha mejorado, los criminales también se han adaptado. “Los jammers que utilizan ahora tienen mayor alcance y son portátiles, se activan en segundos y dejan a la unidad completamente incomunicada”, señaló un gerente de logística de una empresa transportista del Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia de robos.
Falta de acción y complicidad implícita
Expertos en seguridad y legisladores coinciden en que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la ausencia de una estrategia real de vigilancia y control por parte de las autoridades federales. “La Guardia Nacional debería tener un área especializada en detectar estos dispositivos y actuar contra su venta en línea. No se trata de perseguir a vendedores menores, sino de desmantelar redes criminales que los distribuyen”, opinó la diputada María Rosete, una de las impulsoras de la reforma.
Mientras tanto, empresas transportistas continúan enfrentando pérdidas millonarias y conductores viven bajo constante amenaza. La impunidad que rodea la venta de jammers en México no solo representa una falla del sistema judicial, sino también una omisión grave en la protección del sector logístico, clave para el desarrollo económico del país.
