La Mafia se apoderó de Dina autobuses

El encarcelamiento de Manuel Samuel Castro Mercado, dueño de Pacific International Development Inc. USA Imports (antes Dina Autobuses), puso al descubierto una “mafia” que se apoderó de la empresa en dos ocasiones, luego de que a los anteriores compradores se les “inventaron” delitos.

Lo anterior se desprende de las declaraciones de Miguel Vázquez Romero, ex tesorero del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, rendidas el 10 de febrero del presente año ante el juzgado primero penal, en Pachuca, Hidalgo, en la causa penal 248/2014.

MILENIO tuvo acceso a las declaraciones de Vázquez, en las que señaló que el líder del gremio, Artemio Vázquez Peña, lo presionó para involucrar a Castro en el “homicidio” de Josué Matilde Cotonieto Sánchez.

El ex tesorero aseguró que no acusó a Castro, porque le consta que no mató a nadie; sin embargo, reveló que Vázquez ya había fabricado acusaciones contra otros empresarios que en el pasado adquirieron la compañía.

Castro fue detenido el 28 de enero de 2012, después de que sindicalizados irrumpieron en las instalaciones de la Pacific International, lo que originó una trifulca, donde supuestamente Cotonieto fue asesinado de un tiro.

En octubre de 2014, la CNDH emitió una recomendación al gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera, para que ordenara una investigación penal y administrativa contra las autoridades que participaron en la integración de la averiguación previa de Castro.

La CNDH detectó que existió “un aleccionamiento o preparación” por parte de los testigos que acusaron al empresario, que los detenidos se autoinculparon, que fueron puestos a disposición del MP siete horas después de su detención y no contaron con la presencia de un abogado durante su interrogatorio, entre otras irregularidades.

Declaracion

Ante el juez Porfirio Cruz, el ex tesorero narró que el 28 de enero de 2012, se realizó una asamblea en la que participaron todos los copropietarios del sindicato. Dijo que Vázquez insistió meses antes que “tomaran la empresa por la fuerza”.

Cuando los sindicalizados arribaron a la compañía, abundó, se suscitó una trifulca y se escucharon disparos de arma de fuego, donde cayó herido Cotonieto.

“Vi al apoderado Artemio Vázquez, estaba escondido atrás de un muro de la puerta de entrada, por donde entraba anteriormente el personal, (por) lo cual no tenía visibilidad hacia el interior de la planta, porque se encuentra en el interior de una caseta de vigilancia de dos pisos.

“Un compañero de los que estaban en la planta (en el momento de la trifulca) me informó que se había llevado (la policía) a Manuel Samuel Castro, que se encontraba resguardado junto con sus hijos en la bóveda de seguridad de la planta…”, agregó el declarante.

El empresario ha insistido que ese día estaba oculto en la bóveda con sus hijos. El motivo de su presencia en el lugar fue porque estaba liquidando a trabajadores. Empero, Artemio lo acusó de disparar y matar a Josué.

Vázquez manifestó que los problemas entre el empresario y líder sindical eran de índole personal, por lo que Artemio “insistía” que se tomara la empresa. Además, emprendió varias demandas contra Samuel por amenazas e injurias, entre otras.

“Quiero hacer mención que eso, (Artemio) se lo había hecho a otros dos empresarios que habían tratado de comprar la empresa, como al licenciado Rodrigo García, quien fue el primer comprador, luego lo demandó por abuso de confianza.

“Asimismo, al grupo Serna de Saltillo, Coahuila, que tenía autorización para disponer de los activos. El ingeniero Serna hizo un contrato de arrendamiento con opción a compra de dichas empresas, MSI ISERSA; y a su socio mayoritario, (el) licenciado Sepúlveda, no recuerdo su nombre, los demandó también por abuso de confianza, daños y perjuicios, y (a) éste licenciando Sepúlveda se le giró una orden de aprehensión y estuvo detenido y de igual manera (Artemio) les quitó la empresa”, dijo Miguel. 

Claves

La petición

– Hace un par de meses, Samuel Castro Mercado demandó el apoyo del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, porque el gobernador hidalguense no acató la recomendación.

– En septiembre de 2013, en el juzgado tercero del ramo penal de primera Instancia, el perito Félix Cedillo reconoció que se equivocó al elaborar el dictamen para determinar quién disparó.

– 16 de 21 exámenes que practicó el perito, los registró a la misma hora y con la misma fecha. No respetó el intervalos que deben existir entre una prueba pericial y otra.

Fuente Milenio