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Gasolineros deben cambiar 65,000 dispensarios para cumplir con NOM 005

Pablo González, presidente de la Amegas, comentó que hay 64 mil 400 dispensarios de gasolina en el país que, de acuerdo con la normatividad, deberían ser sustituidos.

En promedio, los gasolineros del país deberán invertir 316 mil 661 pesos por cada bomba de gasolina, según un estudio del organismo privado.

“Esta medida es peor que el coronavirus. Con dos hojitas, el Gobierno federal dice que ya arregló todo, sólo falta comprar 64 mil 400 dispensadores o bombas de gasolina”, señaló González.

En un comunicado, la Secretaría de Economía refirió que la instalación de nuevos despachadores o su actualización facilitará la tarea de verificación de la Profeco en el despacho del combustible.

Ante la tarea del reemplazo de estas bombas y el gasto que conlleva, la Amegas solicitó a la dependencia federal una prórroga de un año para la evaluación de los requerimientos de la normativa.

El presidente del organismo refirió que la inversión tendrá que salir directamente de los empresarios, ya que no prevén que haya apoyos y no pueden trasladar el costo a los usuarios.

“Además, la baja en las ventas por la pandemia nos imposibilita reemplazar dispensarios en estos momentos”, indicó.

64.4 mil bombas de combustible existen en las estaciones de servicio del país

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) envió una carta a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, donde refirió que de 12 mil 600 bombas con las que cuentan sus asociados, 70 por ciento ya tiene solicitudes de pedidos de compra de dispensarios.

Sólo 30 por ciento de las bombas ya ha sido cambiado o actualizado, pero este retraso, dijo la Onexpo, se debe a que de las 13 marcas de dispensarios que se autorizaron en su momento con la normativa, sólo seis han obtenido aprobación de modelo y prototipo y resolución favorable.

Según la Onexpo, las autorizaciones han consumido 60 por ciento del tiempo fijado para la sustitución de los equipos.

“Solicitamos se considere la exhibición de contratos de compra, de prestación de servicios, anticipos, facturas u otros elementos de valor legal, como probanza de que se está cumpliendo la actualización”.

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