“Cuando un tráiler se voltea, el gran negocio es para las grúas”, señala el diputado Borrego Adame
La falta de regulación en el servicio de grúas no un problema nuevo. De acuerdo con especialistas, la ausencia de un reglamento federal claro ha sido aprovechada por los permisionarios para su propio beneficio, todo ello ante la serie de vacíos legales que posee cada estado.
“Todos los transportistas, sin excepción, son gentes que están siendo extorsionadas por el tema de las grúas”, señaló el diputado Francisco Javier Borrego Adame.
Durante su participación en la Convención Nacional CANACAR 2022, el secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados indicó que el negocio de las grúas ha ido creciendo paulatinamente, beneficiándose en gran medida por los accidentes que sufren los transportistas.
“Cuando un tráiler se les voltea, el gran negocio es de los grulleros. Se empiezan a robar el diésel, las baterías, llantas, computadoras, etc. Al final del día, dicen que el camión no traía nada de eso”.
Urge un reglamento claro sobre el servicio de grúas
Al respecto, Borrego Adame urgió sobre la necesidad de regular el tema de las grúas, además de tener a la mano los videos que den fe sobre las condiciones exactas de cómo estaba la unidad antes y después del accidente.
Para ello, dijo, se requiere de un nuevo reglamento para el servicio público de grúas de arrastre y de depósito de vehículos, con el objetivo de dar certeza y terminar con los abusos.
El diputado lamentó que el transportista sea doblemente perjudicado ya que, a las pérdidas económicas derivadas del accidente, además debe tolerar los abusos por parte del servicio de grúas.
“Ya no se puede seguir trabajando de la manera en que estamos viviendo”, indicó el diputado.
Se estima que varias compañías dedicadas al servicio de arrastre, salvamento y depósito de unidades cobran a usuarios y transportistas hasta 100 veces más el valor de lo autorizado en la tarifa oficial, según cifras de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM).
En algunos casos y de acuerdo con testimonios, los transportistas deben pagar hasta 150 mil pesos por 10 kilómetros por el arrastre de sus unidades.
“Luego de que mi ‘sencillo’ no arrancaba, una grúa me arrastró al paradero y al final me cobró un dineral; sólo ellos saben y cobran lo que quieren”, señala Francisco, un transportista en Puebla.
En ese sentido, Borrego Adame señaló a los municipios de El Carmen, Hidalgo y Monterrey (todos en Nuevo León) como puntos rojos de este tipo de prácticas, aunque también se extiende a la mayoría de las entidades del país.
