Canacar y SCT piden a estados evitar sobrerrgulación durante pandemia

En días pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, publicó las actividades esenciales durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El autotransporte federal vinculado con la cadena de servicios de transporte de personas y carga fueron incluidas en la disposición, además del sector ferroviario, el aéreo y la operación portuaria.

No obstante, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR, ha mostrado su preocupación por la sobrerregulación persistente en la mayoría de los estados del país que dificulta la operación de los sectores esenciales.

Ante ello, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) elaboraron un oficio donde invitan a la jefa de gobierno y gobernadores de las 32 entidades federativas del país, a garantizar el derecho a la movilidad y circulación de los sistemas de traslado asequibles.

Las dependencias federales solicitaron esta enmienda en acatamiento a las medidas del Consejo de Salubridad General y el Gobierno Federal en algunas disposiciones, entre ellas la establecida en el Diario Oficial de la Federación.

El autotransporte de carga está sujeto a reglamentos aplicables por los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), por ello la autoridad federal solicitó a los gobiernos de los estados compartir este exhorto a sus municipios.

Sobrerregulación y Covid-19, una mala combinación
Si bien se podría creer que cada orden de gobierno tiene muy bien definidas sus facultades, la complejidad del marco normativo se acentúa en la manera en que se regula. Es decir, pesa el cómo y no tanto el quién o el qué.

“Como consecuencia de ello, existe un amplio catálogo de herramientas regulatorias: leyes, reglamentos, normas, acuerdos, decretos, lineamientos, avisos y resoluciones, entre otras”, señala Jesús Alarcón, investigador del Instituto Mexicano Para la Competitividad, IMCO.

De esta manera, la transformación geopolítica de entidades y municipios ha sobrepasado la jurisdicción del marco normativo actual, propiciando vacíos legales y distorsiones en los criterios de aplicación, una carga regulatoria que afecta la competitividad tanto del transporte como de todo el país.

Como consecuencia, existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes en todos los sectores, de las cuales 60% corresponde a municipios, 30% a estados y 10% al gobierno federal, de acuerdo con cifras del IMCO.

El último eslabón es el “tramititis” (no es un virus, pero también es letal), el cual fomenta la desinformación y desconocimiento del marco regulatorio, ya que es prácticamente imposible conocer al 100% todas las disposiciones para realizar cada trámite, además de que incrementa el costo de su cumplimiento.

Según la COFEMER, la carga regulatoria para quienes realizan trámites y servicios federales representa un costo económico equivalente a 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Se estima que el costo anual de las regulaciones federales es de 600 mil millones de pesos.

Para vigilar que no exista alguna obstaculización a la operación del transporte de carga durante la pandemia, en la Circular 185 emitida por CANACAR, se precisa que cualquier anomalía puede ser reportada a los correos electrónicos: o.hernandez@canacar.com.mx y j.tapia@canacar.com.mx.

Link:
https://www.transporte.mx/da-sct-3-meses-de-prorroga-en-placas-licencias-y-permisos-de-cruces-fronterizos/