Aeropuerto de Puebla no está considerado a ser alterno al AICM
Aunque el gobierno del estado busque que la Iniciativa Privada (IP) participe con inversiones para fortalecer las operaciones del Aeropuerto Internacional de Puebla, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, descartó que eso implique en visualizarlo como terminal alterna para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) mientras se construya el de Santa Lucía.
En su visita a Puebla, para la inauguración junto con el gobernador Miguel Barbosa Huerta de unas obras viales en la carretera federal a Atlixco, el funcionario explicó que el hecho de estar cercano el aeropuerto poblano a la capital del país no significa que sea integrado al sistema aeroportuario que conforman el AICM, el de Toluca y próximamente el de Santa Lucía.
Indicó que por cuestiones del espacio aéreo no se puede considerar, ya que la estrategia de la dependencia fue hacer compatibles las operaciones de las dos terminales vecinas al de Santa Lucía.
Puntualizó que los aeropuertos cercanos se irán incorporando al rediseño del espacio aéreo para ver cuáles son susceptibles de ser alternos o buscarle una vocación específica en el desarrollo del nuevo proyecto aeroportuario, pero agregó que aún no hay algo porque hacen el análisis.
Jiménez Espriú recordó que en el resto del sistema nacional de terminales, comprendido por 77, incluido el del municipio de Huejotzingo, hacen una valoración de cómo están funcionando a fin de ver su potencial.
El mandatario poblano dijo la semana pasada que solicitaría a la Federación que empresarios locales participen con inversiones en la terminal Hermanos Serdán, que está a 15 minutos de la Angelópolis, para abrir más rutas comerciales y que se vuelva una alternativa de apoyo al de la capital del país.
Es importante mencionar que está la propuesta de trasladar la carga del AICM al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, para reducir el tráfico aéreo que reporta la capital del país, la cual se mantiene en las manos del gobierno federal.
Fuente El Economista