Transportistas denunciarán legalmente obstrucción de carretera federal en El Moralillo
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció que interpondrá una denuncia formal contra los habitantes de la comunidad de Moralillo, perteneciente al municipio de Pánuco, Veracruz, quienes mantuvieron bloqueada durante más de dos días la carretera federal Tampico–Valles, a la altura de dicha localidad.
El bloqueo, que inició el domingo 22 al martes 24 de junio por parte de vecinos de dicho sector por afectaciones generadas por inundaciones, provocó afectaciones al sector del transporte de carga, con pérdidas económicas que Canacar estima en más de 60 millones de pesos.
Manifestantes obstruyeron el libre tránsito y afectaron las cadenas de suministro
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Portuarios de la República Mexicana en el estado de Tamaulipas y el norte de Veracruz, Luis Enrique López Alvarado, calificó la situación como crítica y altamente perjudicial para el desarrollo comercial y logístico de la región.
“Los manifestantes no solo obstruyeron el libre tránsito, también afectaron las cadenas de suministro, la entrega de mercancías, e incluso se comprometió el cumplimiento de contratos internacionales”, expresó López Alvarado.
Empresas pararon por completo sus operaciones
Señaló que varias empresas afiliadas a Canacar vieron paralizadas sus operaciones por completo durante la obstrucción a la vialidad que comunica al norte de Veracruz con el sur de Tamaulipas y que es paso obligado para unidades que viajan al Corredor Industrial de Altamira, Ciudad Victoria, Monterrey y la frontera con Estados Unidos.
De acuerdo con el representante de la cámara transportista, además de la denuncia por daños económicos, se contempla la integración de una demanda penal por el delito de obstrucción a una vía de comunicación federal, lo cual está tipificado en la legislación mexicana y puede derivar en consecuencias legales graves para quienes resulten responsables.
Canacar subrayó que, si bien reconoce el derecho a la manifestación, rechaza cualquier acción que vulnere el estado de derecho y afecte el bienestar económico de terceros.
También solicitó a las autoridades federales y estatales reforzar los mecanismos de diálogo y prevención para evitar que este tipo de situaciones se repitan.