El 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por facilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un esquema de contrabando de combustible que atraviesa la frontera con Texas y genera decenas de millones de dólares al año.
La acción fue coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). El secretario Scott Bessent señaló que la medida evidencia cómo los cárteles diversifican sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico.
Entre los señalados, Oscar Guillermo Juraidini Silva habría operado empresas fantasma para etiquetar combustible de contrabando como aceite de desecho, evitando así el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) en las importaciones a México. J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, es señalado de pagar cuotas a grupos criminales que controlan cruces fronterizos y de usar el sistema financiero estadounidense para transacciones por decenas de millones de dólares.
El esquema opera en tres vertientes: robo de crudo y combustible a Pemex dentro de México, traslado del crudo robado a Estados Unidos con documentación falsa, y regreso de gasolina y diésel comprados legalmente en EE.UU. hacia México sin pagar impuestos de importación. El combustible se distribuye en gasolineras controladas por el cártel o a través de vendedores informales. Texas concentra la mayor actividad: comunidades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen aparecen en los reportes de FinCEN.
Las cifras del daño son considerables. El Tesoro estima que el robo de combustible costó al gobierno mexicano más de 9,000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos durante 2024. Un boletín del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU. calcula que entre un tercio de cada litro vendido en México podría tener origen ilegal o adulterado. México importa más del 60% de su combustible, principalmente desde Estados Unidos, lo que amplía el margen de operación del esquema.
Las consecuencias para los sancionados incluyen el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición a personas y empresas de EE.UU. de realizar transacciones con ellos. Las restricciones alcanzan también a entidades con 50% o más de propiedad de los señalados. Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas quedan expuestas a sanciones secundarias y a restricciones de acceso al sistema financiero de EE.UU.
Esta acción se suma a sanciones anteriores contra redes de contrabando de crudo del CJNG en 2024 y 2025. Para el sector de autotransporte, el mensaje práctico es claro: empresas de transporte y logística que muevan combustible cerca de la frontera norte enfrentan riesgos de cumplimiento si sus contrapartes están relacionadas con estas redes, aunque desconozcan el vínculo. FinCEN recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa en un año, con más de 7,000 millones de dólares identificados en movimientos financieros irregulares entre ambos países.
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