La verificación de emisiones contaminantes es obligatoria dos veces al año para el autotransporte federal. Sin embargo, las cifras oficiales no permiten identificar cuánto dinero ingresa específicamente al gobierno por este concepto, mientras los certificados ambientales reportados disminuyeron 20.3% entre 2024 y 2025.
México mantiene desde hace décadas un esquema de verificación obligatoria de emisiones contaminantes para los vehículos que circulan bajo jurisdicción federal. En el caso de los camiones y tractocamiones de carga, esta revisión representa una obligación recurrente para transportistas, propietarios de unidades y empresas logísticas.
Pero detrás del objetivo ambiental existe una pregunta económica relevante: ¿cuánto pagan los transportistas, cuánto cobran los centros autorizados y qué proporción llega a la hacienda pública?
Una investigación de Transporte.mx, basada en información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encontró que las autoridades publican información sobre el número de certificados emitidos y los ingresos generales del autotransporte federal, pero no un desglose público suficiente para establecer la recaudación específica atribuible a las verificaciones ambientales de camiones de carga.
Esa diferencia es fundamental: una verificación realizada por un centro autorizado y pagada por el transportista no necesariamente representa un ingreso directo para el gobierno federal.
Las verificaciones ambientales disminuyeron 20.3% en un año
Los boletines estadísticos de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) permiten reconstruir el comportamiento nacional de los certificados de emisiones contaminantes en 2024 y 2025.
Durante 2024 se registraron 1,213,369 certificados ambientales, mientras que en 2025 fueron 967,549.
Esto representa una reducción de 245,820 certificados, equivalente a una caída de 20.3% anual.
El dato resulta relevante porque ocurrió mientras el parque vehicular federal de carga continuaba creciendo.
Al cierre de 2025, la SICT registró 762,821 unidades motrices de carga, frente a 723,462 en 2024.
Sin embargo, es importante precisar que las cifras de certificados incluyen distintas modalidades del autotransporte federal y no corresponden exclusivamente al transporte público federal de carga.
La reducción de certificados tampoco significa automáticamente que haya aumentado el incumplimiento ambiental.
Para determinarlo sería necesario conocer cuántos vehículos estaban efectivamente obligados, cuántos verificaron en otras jurisdicciones reconocidas, cuántos fueron rechazados y cuántos dejaron de cumplir con la obligación.
¿Cuánto dinero genera la verificación ambiental?
El gobierno federal documentó en una presentación técnica de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente a 2019, una tarifa de referencia de cuatro Unidades de Medida y Actualización (UMA) para las verificaciones de emisiones contaminantes, más IVA.
Esta referencia histórica no constituye una confirmación de la tarifa vigente en 2026.
De acuerdo con el INEGI, el valor diario de la UMA para 2026 es de 117.31 pesos, vigente desde el 1 de febrero.
Si se aplicara hipotéticamente el parámetro histórico de cuatro UMA, el cálculo sería el siguiente:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| UMA diaria 2026 | $117.31 |
| Cuatro UMA | $469.24 |
| IVA del 16% | $75.08 |
| Total ilustrativo por verificación | $544.32 |
Este importe es únicamente un ejercicio de referencia y no debe interpretarse como una tarifa oficial vigente verificada.
El potencial económico del sistema resulta considerable, incluso bajo escenarios conservadores.
Sin embargo, multiplicar una tarifa por el número de certificados no equivale a calcular la recaudación gubernamental.
Es indispensable identificar quién recibe el pago, cuáles son las contribuciones aplicables y qué cantidades efectivamente ingresan a la Federación.
Lo que sí reporta el gobierno como ingresos
La Estadística Básica del Autotransporte Federal 2025 señala que la DGAF registró ingresos directos a la Federación por un total de 1,154.2 millones de pesos durante ese año.
El monto contempla derechos, aprovechamientos y otros conceptos relacionados con la actividad regulatoria y administrativa del autotransporte federal.
No corresponde exclusivamente a verificaciones ambientales ni únicamente al transporte de carga.
La publicación oficial no presenta, dentro del cuadro de ingresos generales, una partida que permita atribuir directamente una cantidad específica a las verificaciones ambientales de camiones de carga.
Por tanto, afirmar que el gobierno recaudó 1,154 millones de pesos mediante verificaciones ambientales sería incorrecto.
La cifra exacta correspondiente exclusivamente a este concepto permanece sin determinar con la información pública analizada.
El mercado potencial de las verificaciones de camiones de carga
Para dimensionar exclusivamente la obligación económica del autotransporte federal de carga, Transporte.mx elaboró un escenario teórico utilizando el parque vehicular registrado al cierre de 2025.
La SICT reportó 762,821 unidades motrices de carga.
Si todas estas unidades estuvieran obligadas a realizar dos verificaciones anuales y efectivamente las realizaran, se generarían 1,525,642 servicios de verificación por año.
Aplicando hipotéticamente una tarifa de cuatro UMA de 2026, equivalente a 469.24 pesos sin IVA, el valor potencial ascendería aproximadamente a 715.9 millones de pesos anuales.
La cifra no representa recaudación observada ni ingresos del gobierno.
Tampoco contempla exenciones, unidades inactivas, incumplimientos, variaciones tarifarias o diferencias entre las categorías de vehículos.
Se trata exclusivamente de un ejercicio económico que permite ilustrar la dimensión potencial de esta obligación regulatoria.
¿Quién se queda con el dinero de las verificaciones?
Uno de los puntos centrales de la investigación consiste en distinguir tres flujos económicos diferentes.
El primero es el pago que realiza el transportista. Se trata del importe que el