La administración Trump anunció el cobro de un impuesto del 20% al transporte de mercancías que transite por el Estrecho de Ormuz, según reportó El Mundo CR desde Washington. La medida, que se enmarca en la política de presión económica de la administración estadounidense sobre Irán y sobre el comercio que utiliza esa ruta, añade una nueva capa de complejidad al corredor marítimo que apenas comenzaba a normalizarse después de meses de bloqueo: ahora los transportistas que regresen al estrecho tras la reapertura deberán considerar no solo el riesgo de seguridad, sino también un costo fiscal adicional del 20% sobre el valor de la carga que el gobierno estadounidense pretende cobrar.
El mecanismo exacto con el que Estados Unidos impondría un impuesto sobre el transporte marítimo en aguas internacionales genera interrogantes legales significativas: el Estrecho de Ormuz es un corredor de paso inocente reconocido por el derecho marítimo internacional, y la imposición unilateral de un impuesto sobre el tránsito de mercancías en esas aguas por parte de una potencia externa enfrenta cuestionamientos sobre su validez bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las navieras y los especialistas en comercio marítimo analizan con urgencia el alcance real de la medida.
Para el mercado de fletes, el anuncio genera inmediatamente incertidumbre: si el impuesto del 20% se aplica efectivamente, el costo de transitar por Ormuz —ya de por sí elevado por las primas de seguro de guerra vigentes durante la crisis— se incrementaría de manera sustancial, lo que podría mantener a las navieras en las rutas alternativas por el Cabo de Buena Esperanza aunque el riesgo de seguridad haya disminuido. La señal de Maersk, que esta semana reactivó su servicio WAF6 por el mar Rojo, sugiere que la industria naviera sigue explorando la vuelta a las rutas más cortas pese a los obstáculos que persisten.
Para México, el impuesto anunciado por Trump al transporte por Ormuz se suma a la larga lista de medidas unilaterales que la administración estadounidense ha aplicado en el ámbito del comercio y el transporte en 2026: aranceles del 25% a vehículos chinos, inspecciones en Texas a camiones mexicanos, limitación de tripulaciones ferroviarias y ahora un impuesto al tránsito marítimo. La acumulación de estas medidas configura un entorno donde la planificación logística del comercio exterior mexicano debe incorporar un margen de incertidumbre regulatoria binacional que no existía hace dos años.
