Tribunal niega cambio de medida cautelar a operadora que causó la muerte de 10 personas en la México–Toluca en el 2018
A siete años del accidente que conmocionó al país, el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial capitalino negó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a la conductora del tráiler que, en noviembre de 2018, perdió el control en la carretera México–Toluca, a la altura de Santa Fe, provocando la muerte de 10 personas y dejando múltiples heridos.
La resolución confirma que la acusada deberá permanecer en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla mientras continúa su proceso.
Una audiencia marcada por la tensión y el reclamo de justicia
La audiencia se llevó a cabo de manera remota desde las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas en la colonia San Rafael. En pantalla apareció la imputada, cuya defensa solicitó que se le permitiera continuar su proceso en su domicilio, argumentando que requiere una cirugía y cuidados médicos específicos.
Familiares presentes señalaron que la mujer se quejaba del dolor en su pierna derecha durante la audiencia, pero insistieron en que no ha mostrado arrepentimiento ni ha ofrecido disculpas desde el día del incidente. Ese detalle avivó aún más la molestia de los afectados.
Protestas afuera del tribunal: un reclamo que no se apaga
Mientras la audiencia se desarrollaba, familiares y amigos de las víctimas se manifestaron afuera del edificio. Con altavoces, pancartas y el grito de “¡Justicia!”, exigieron que la conductora permanezca en prisión y que el caso no quede impune.
La protesta se extendió por más de una hora. Los manifestantes denunciaron que, a siete años del siniestro, no han recibido reparación del daño, pese a que la empresa EASO —propietaria del tráiler involucrado— está obligada a responder por los daños, gastos funerarios y atención médica de los lesionados.
Según los afectados, la compañía no ha asumido su responsabilidad, y tampoco ha sido presionada lo suficiente por las autoridades para garantizar la compensación que exige la ley.
Un caso emblemático para el sector del autotransporte
El accidente de 2018 abrió un debate profundo sobre la seguridad operativa en el autotransporte federal, la capacitación de conductores, la supervisión mecánica de unidades y la corresponsabilidad de las empresas.
La decisión del Tribunal envía un mensaje contundente: la gravedad del hecho, el número de víctimas y el incumplimiento de reparación mantienen un alto riesgo procesal que impide conceder beneficios anticipados.
Para las familias, la resolución representa un respiro dentro de una larga batalla. Para la industria, un recordatorio de que las omisiones operativas y legales pueden escalar hasta consecuencias penales y económicas severas.
