Transportistas mexicanos destinan hasta 14 % de sus ingresos a seguridad vial por el robo en carreteras
La inseguridad en rutas federales y estatales ya no es un problema aislado dentro de la operación del autotransporte de carga en México: se ha convertido en una variable económica estructural. Empresas del sector están destinando cerca de 14 % de sus ingresos totales exclusivamente a medidas de seguridad para enfrentar la incidencia del robo de carga y asaltos en carretera, revelan cifras recientes de cámaras empresariales y asociaciones logísticas. Este porcentaje se suma a costos de operación tradicionales como combustible, mantenimiento y seguros, y presiona aún más márgenes ya comprimidos.
El fenómeno no es homogéneo en todo el país, pero sí lo suficientemente generalizado como para que transportistas medianos y grandes hablen de ajustes estructurales en sus presupuestos. Las medidas que están absorbiendo estos recursos incluyen:
- Tecnología de rastreo satelital y geocercas avanzadas
- Escoltas, unidades de seguridad y protocolos de acompañamiento
- Seguros con primas elevadas y deducibles altos
- Capacitación especializada de operadores en respuesta a incidentes
- Equipamiento de seguridad en unidades (cámaras, bloqueos físicos, alarmas)
Uno de los impactos más inmediatos de estos gastos es el efecto sobre la competitividad de tarifas. Con un 14 % de ingresos destinados a seguridad, muchas empresas se ven obligadas a trasladar al menos una parte de esos costos a sus clientes, lo que incrementa las tarifas logísticas en una industria ya sensible al precio.
Además, los transportistas señalan que este gasto en seguridad no es homogéneo a lo largo de toda la operación: corredores de alto riesgo —como tramos del Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz— demandan inversiones significativamente mayores en protocolos de protección, mientras que rutas consideradas “más seguras” representan una carga menor.
¿Qué motiva este gasto?
El robo de carga en México ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de hurtos de mercancía; los delincuentes emplean con frecuencia violencia física, bloqueos carreteros y falsos retenes, lo que eleva no solo el riesgo de pérdidas materiales, sino el de daño a operadores y terceros. Esta realidad obliga a las empresas a blindar sus rutas y procesos con seguridad privada, monitoreo activo y mayores márgenes de respuesta en tiempo real.
El costo de oportunidad de no invertir en seguridad es alto: además de pérdidas de mercancía, se suman paros de unidad, retrasos de servicio, cancelaciones de contratos y daño reputacional ante clientes que exigen puntualidad y confiabilidad.
Consecuencias económicas en el sector
El efecto de destinar hasta 14 % de ingresos a seguridad se siente en múltiples frentes:
- Presión sobre la rentabilidad general de las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas.
- Aumento de tarifas para compensar costos no operativos.
- Menor capacidad de inversión en flota, tecnología y desarrollo de talento.
- Escasa atracción de nuevos operadores, por el aumento del riesgo laboral y las condiciones bajo las que se opera.
Para muchos, estas cifras reflejan una externalidad negativa de la inseguridad que ha pasado de ser “costumbre” a ser una piedra angular del presupuesto logístico.
