Un grupo de transportistas del estado de Nuevo Leon denuncio ante La Jornada actos de extorsion y acoso por parte de un funcionario municipal, en un caso que ilustra una dimension del problema de seguridad del sector que pocas veces sale a la luz: la extorsion institucional, ejercida no por grupos delictivos sino por quienes deberian garantizar el orden.
Las denuncias de los transportistas señalan presiones para el pago de cuotas informales, amenazas ante la negativa de cumplirlas y obstaculos administrativos puestos deliberadamente para afectar la operacion de las empresas. Este tipo de extorsion de caracter institucional es especialmente dificil de documentar y combatir porque los afectados temen represalias adicionales al denunciar a quienes tienen poder sobre sus permisos y concesiones.
El caso en Nuevo Leon contrasta con la imagen del estado como uno de los polos industriales y logisticos mas importantes de Mexico. El ecosistema del autotransporte en el estado es fundamental para el nearshoring: miles de unidades sirven diariamente a las plantas manufactureras instaladas en el Area Metropolitana de Monterrey y en los municipios industriales del norte del estado.
Para CANACAR y las organizaciones de transportistas, este tipo de denuncias requieren atencion inmediata tanto de las autoridades estatales como federales. La extorsion al autotransporte —sea de origen delictivo o institucional— tiene el mismo efecto: incrementa los costos de operacion, desalienta la inversion en flotilla y debilita la competitividad logistica de una region que necesita todo lo contrario.
