Después de dos días de movilizaciones, las organizaciones del autotransporte de carga acordaron suspender las manifestaciones y retirar los bloqueos carreteros. El Gobierno federal se comprometió a instalar mesas de trabajo para atender las demandas del sector en materia de seguridad, infraestructura, impuestos y condiciones laborales.
Ciudad de México, 27 de octubre de 2026. El paro nacional de transportistas que comenzó el lunes 26 de octubre llegó a su fin este martes, luego de que representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector alcanzaran un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para suspender las movilizaciones y retirar definitivamente los bloqueos carreteros.
La decisión se produjo después de una reunión de trabajo entre autoridades federales y representantes del autotransporte de carga, en la que se estableció una ruta de negociación para atender las principales inconformidades de los transportistas, particularmente aquellas relacionadas con la inseguridad en las carreteras, el deterioro de la infraestructura y las condiciones económicas bajo las cuales operan las empresas del sector.
Mediante el comunicado número 138, la Secretaría de Gobernación confirmó que las organizaciones participantes asumieron el compromiso de levantar los bloqueos y suspender las manifestaciones, mientras que las autoridades federales acordaron establecer mesas de trabajo con las dependencias responsables de atender las demandas.
Dos días de movilizaciones y presión al Gobierno federal
El movimiento comenzó el lunes 26 de octubre con manifestaciones de transportistas en distintas carreteras del país, luego de que organizaciones del sector denunciaran la falta de resultados concretos frente a problemas que consideran prioritarios para la operación del autotransporte de carga.
Entre las principales inconformidades destacaron los robos a unidades, las extorsiones, la inseguridad que enfrentan los operadores, las deficiencias de la infraestructura carretera y las presiones fiscales que afectan la rentabilidad de las empresas transportistas.
Durante la primera jornada, la Secretaría de Gobernación reportó 38 puntos de manifestación distribuidos en 19 entidades federativas, con la participación de 691 vehículos y 858 personas. Sin embargo, las organizaciones convocantes cuestionaron estas cifras y aseguraron que las movilizaciones tenían presencia en las 32 entidades del país.
Las protestas también evidenciaron diferencias entre las organizaciones del sector. Mientras algunas agrupaciones optaron inicialmente por mantener las movilizaciones, otras privilegiaron la negociación con el Gobierno federal para evitar mayores afectaciones a la circulación y al traslado de mercancías.
La CANACAR y las organizaciones participantes habían solicitado una interlocución de alto nivel con el Gobierno federal, argumentando que los compromisos establecidos en reuniones anteriores no habían generado las soluciones necesarias para enfrentar los problemas estructurales de la industria.
SEGOB y transportistas acuerdan cinco temas prioritarios
Como resultado de las negociaciones de este martes, la Secretaría de Gobernación informó que se establecerán mesas de trabajo con las dependencias federales correspondientes para abordar cinco asuntos fundamentales para el autotransporte de carga.
El primero será la seguridad carretera, uno de los principales reclamos de las empresas transportistas debido a los robos, asaltos y extorsiones que afectan tanto a los operadores como a las mercancías.
El segundo tema será la infraestructura carretera, particularmente las condiciones de conservación y operación de las vías de comunicación utilizadas para el traslado de mercancías.
La agenda también contempla asuntos fiscales, un tema que ha generado preocupación entre los transportistas ante los cambios planteados para 2027 en los estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes.
Adicionalmente, las negociaciones incluirán la seguridad social y las condiciones laborales de los trabajadores del autotransporte, aspectos que representan desafíos para las empresas y los operadores.
La SEGOB informó que la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno serán las responsables de coordinar y acompañar las reuniones, con el propósito de dar seguimiento a las solicitudes y avanzar en la construcción de acuerdos.
En el encuentro también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
Se levantan las protestas, pero las demandas siguen pendientes
Aunque el acuerdo representa un avance para restablecer la circulación carretera y normalizar las actividades del transporte de mercancías, la suspensión del paro no significa que las principales demandas de los transportistas hayan quedado resueltas.
Hasta el momento, el comunicado de Gobernación no establece compromisos específicos sobre modificaciones fiscales, inversiones en infraestructura o nuevas medidas de seguridad carretera. Tampoco precisa un calendario público de cumplimiento para cada uno de los temas planteados.
Por ello, el resultado de las mesas de trabajo será determinante para conocer si el acercamiento entre las organizaciones transportistas y el Gobierno federal se traduce en soluciones concretas.
Uno de los asuntos que podría concentrar mayor atención es el relacionado con los estímulos fiscales para el autotransporte, particularmente el beneficio aplicable al uso de autopistas de cuota, cuya modificación para el ejercicio fiscal 2027 ha generado inconformidad entre empresas del sector.
A esta preocupación se suman los costos de operación, la inseguridad y las condiciones de las carreteras, factores que inciden directamente en la competitividad de las empresas mexicanas de transporte.
El reto será convertir el diálogo en resultados
La suspensión del paro nacional representa un alivio para las actividades logísticas y comerciales que dependen del autotransporte de carga, particularmente para las cadenas de suministro que requieren entregas continuas y tiempos de tránsito confiables.
Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora.
Las organizaciones transportistas deberán dar seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades, mientras que el Gobierno federal enfrentará la responsabilidad de ofrecer respuestas verificables a los problemas que motivaron las movilizaciones.
Para una industria estratégica en el movimiento de mercancías dentro de México y hacia los mercados internacionales, la seguridad, la infraestructura y la certidumbre fiscal no son asuntos secundarios, sino elementos indispensables para mantener su competitividad.
El paro terminó, pero el conflicto de fondo permanece abierto. La efectividad de las mesas de negociación determinará si el acuerdo representa una solución duradera o solamente una pausa en las movilizaciones del autotransporte mexicano.