La actualización buscará transparentar las maniobras, regular la asignación de concesionarios por tramo carretero y acelerar la liberación de unidades retenidas.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja en una revisión integral del reglamento que regula los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en las carreteras federales del país.
Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal, informó que el proceso se realiza en coordinación con cámaras y organizaciones del sector, con la intención de concluir la actualización durante 2026.
La revisión responde a una demanda constante de los transportistas, quienes denuncian cobros excesivos, falta de transparencia en las maniobras, retención prolongada de unidades y la asignación de servicios que no siempre corresponden a las necesidades reales de cada incidente.
Entre las organizaciones que participan en las propuestas se encuentran la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Uno de los planteamientos centrales es que cada servicio de grúa cuente con una memoria descriptiva que detalle las maniobras realizadas, los kilómetros recorridos, el equipo utilizado y la justificación de cada concepto cobrado.
Canacar también solicitó al Instituto Mexicano del Transporte analizar cuántos concesionarios deben operar en cada tramo carretero. Actualmente no existe una regulación precisa sobre la cantidad de prestadores autorizados por zona, lo que puede generar tanto saturación como falta de cobertura.
Cobros únicamente por el servicio realizado
La ANTP propuso que los usuarios paguen solamente el recorrido correspondiente al tramo donde se presta el servicio, evitando cargos adicionales por la distancia recorrida por la grúa desde sus instalaciones.
También se busca impedir que los vehículos sean trasladados obligatoriamente a un depósito cuando no exista una razón técnica o legal para ello, así como permitir que el propietario decida el destino de la unidad después de un accidente o una descompostura.
Otra práctica que deberá quedar regulada es el uso de grúas de mayor capacidad o especialización cuando la maniobra puede realizarse con equipos más sencillos y económicos.
Registro digital y sanciones
Conatram plantea que el Sistema Informático de Registro de Servicios sea obligatorio para todas las empresas de grúas. La plataforma permitiría integrar fotografías, videos, distancias recorridas y evidencias de las maniobras.
El objetivo es evitar casos en los que se envían varias grúas para atender un incidente que requiere una sola unidad y posteriormente se intenta cobrar la totalidad de los equipos desplazados.
Las organizaciones también solicitaron procedimientos más rápidos para presentar quejas, liberar vehículos y sancionar a los prestadores que incurran de manera recurrente en abusos.
Aunque el reglamento vigente fue publicado en mayo de 2023, el sector considera que todavía existen vacíos importantes. La nueva revisión podría convertirse en una herramienta clave para equilibrar la relación entre transportistas y concesionarios de grúas, un servicio donde, por ahora, la factura suele avanzar más rápido que la unidad accidentada.