Tras el paro nacional de autotransporte del 26 de octubre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes instaló cinco mesas de trabajo especializadas con representantes de CANACAR, INDECO, FEMATRAC y HAMOTAC. Los acuerdos se firmaron el 2 y 3 de noviembre en la sede de la SICT. Tania Carro Toledo, subsecretaria de la dependencia, encabezó las sesiones, acompañada de Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, de la Secretaría de Gobernación.
Luis Ruiz Hernández, director general de Autotransporte Federal, coordinó la mesa técnica que revisa el marco normativo de grúas y corralones, una de las demandas más urgentes del sector. Los transportistas señalan que las tarifas de servicios de arrastre y depósito vehicular en varios estados han crecido sin regulación federal, lo que genera sobrecostos imprevisibles para los operadores. La mesa tiene plazo de 30 días para presentar una propuesta.
Una segunda mesa analiza la implementación de la NOM-087, que a partir de enero de 2027 exigirá registro electrónico obligatorio de la jornada de trabajo para operadores de autotransporte federal. Las organizaciones piden ajustes en el sistema de registro para adaptarlo a rutas cortas y al modelo de doble operador. La SICT confirmó que no hay intención de posponer la entrada en vigor, pero sí de simplificar el sistema.
La mesa de seguridad en carreteras quedó integrada con representantes de la Guardia Nacional, la SSPC y los gobiernos de los cinco estados con mayor incidencia delictiva. Se estableció un protocolo de comunicación directa entre operadores y centros de control. CAPUFE quedó incluida en la mesa de infraestructura, que revisará la asignación del estímulo fiscal a casetas y el estado del 79 % de la red federal que opera por debajo del nivel óptimo.
El representante de FEMATRAC señaló que las organizaciones evaluarán los avances en 45 días. Si para mediados de diciembre las mesas no presentan resultados concretos, no se descarta retomar las movilizaciones. Las cinco mesas tienen calendario de sesiones fijo y minutas publicables, dos condiciones que los transportistas exigieron para mantener el diálogo activo con el gobierno federal.
