Los robos a camiones en carreteras estatales crecieron 16.8% en 2025 respecto al año anterior, según documentó el Censo Nacional de Seguridad Pública. El dato es especialmente relevante porque los robos en carreteras estatales son los que menos atención institucional reciben: la Guardia Nacional tiene jurisdicción en carreteras federales, pero las estatales —que forman una porción significativa de la red vial del país— dependen de las policías estatales, que en muchos casos tienen menor capacidad operativa y menor presupuesto para atender este tipo de delito.
El 16.8% de incremento en robos en carreteras estatales en 2025 se produce en el año previo al que Canacar documenta en 2026 como de crisis de inseguridad para el sector, lo que confirma que la tendencia no es nueva ni accidental: es un patrón de escalada que comenzó a acelerarse en 2024 y que en 2026 alcanza expresiones más sofisticadas como los ataques con explosivos en Guanajuato documentados esta semana. El aumento de 2025 es el antecedente estadístico que da contexto a las denuncias del sector en 2026.
Al mismo tiempo, Canacar advirtió que los asaltantes de autotransporte están burlando la presencia de las autoridades federales —incluyendo la Guardia Nacional con la Estrategia BALAM— al saltar entre carreteras federales y estatales: operan en la carretera federal cuando la GN no está presente, y se refugian en la red estatal cuando aparece el operativo. La movilidad entre tipos de carretera aprovecha la fractura jurisdiccional entre la GN y las policías estatales para evadir los controles de cada corporación.
El patrón de evasión jurisdiccional que Canacar describe es uno de los más difíciles de combatir en el modelo actual de seguridad carretera: requiere coordinación en tiempo real entre la GN y las policías estatales, sistemas de comunicación interoperables y protocolos de persecución que no se interrumpan en los límites entre carreteras federales y estatales. La Estrategia BALAM, diseñada para operar en carreteras federales, necesita un componente de coordinación con las autoridades estatales que hoy parece insuficiente.
