La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) enfrenta una crisis por los retrasos en la entrega de placas de autotransporte federal. Un trámite que debería resolverse en días ahora puede tardar meses, lo que ha provocado pérdidas millonarias y movilizaciones de transportistas en distintas entidades del país.
Trámites atorados y camiones parados
Asociaciones del sector reportan que, desde principios de 2025, más del 70 % de los trámites de emplacamiento y reemplacamiento presentan rezagos. Transportistas denuncian que la falta de insumos —láminas, papel, tóner— y fallas en los sistemas digitales han convertido un procedimiento rutinario en un cuello de botella que inmoviliza unidades nuevas y renovadas.
En algunos casos los retrasos superan los 90 días, lo que impide poner en operación tractocamiones, autobuses y remolques que ya fueron adquiridos por las empresas. Los costos fijos siguen corriendo sin que las unidades generen ingresos.
Reacciones en medios y en el sector
Los medios nacionales y especializados han documentado protestas, bloqueos y pérdidas. Según cifras difundidas en diversos portales, el sector deja de percibir alrededor de mil 200 millones de pesos trimestrales por los retrasos en trámites federales. Organizaciones como la Conatram y la ANRA han advertido que, de no solucionarse el problema antes de octubre, podrían agotarse por completo las placas metálicas en la Dirección General de Autotransporte Federal.
En abril y junio de este año, transportistas bloquearon vialidades en la Ciudad de México y se manifestaron frente a oficinas de la SICT para exigir la agilización de los trámites y la destitución de funcionarios responsables. En medios regionales también se ha señalado que el rezago abre espacio a actos de corrupción y “mordidas” para acelerar entregas.
Causas de fondo
Analistas coinciden en que los retrasos responden a una combinación de factores: falta de presupuesto y de personal en la DGAF, procesos excesivamente centralizados, sistemas informáticos obsoletos y ausencia de mecanismos provisionales para que los transportistas puedan emplacar sus unidades mientras se resuelve la escasez de materiales.
Consecuencias económicas y logísticas
La parálisis afecta tanto a empresas grandes como a pequeños permisionarios. Las flotas detenidas retrasan entregas, encarecen cadenas logísticas y frenan la renovación vehicular. Fabricantes y concesionarios de camiones también han reportado caída en ventas ante la imposibilidad de emplacar de inmediato los vehículos pesados.
Exigen soluciones inmediatas
El sector pide que la SICT garantice el suministro de insumos, descentralice y digitalice los trámites, refuerce presupuestos y personal y habilite esquemas provisionales para evitar mayores pérdidas. Hasta ahora, la autoridad sólo ha reconocido “cargas administrativas” y prometido mejoras sin plazos claros.
