Un nuevo “peaje invisible” en el principal puerto de México
En el Puerto de Manzanillo —la joya logística del país— se está librando una disputa que va mucho más allá de un curso de seguridad. En términos claros: lo que algunos llaman capacitación, otros lo ven como un nuevo costo de acceso disfrazado.
La iniciativa impulsada por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM) busca hacer obligatorio un curso de seguridad basado en el Código PBIP, con una duración de 15 horas y un costo de 700 pesos por persona. En un universo estimado de más de 36 mil usuarios, el esquema proyecta ingresos superiores a 25 millones de pesos anuales.
Traducido al lenguaje de negocio: un nuevo flujo de ingresos dentro de la cadena logística… sin pasar por la caja regulatoria.
El punto crítico: ¿seguridad o negocio?
ASTOM defiende la medida bajo un argumento válido: elevar estándares de seguridad en un puerto que mueve el mayor volumen de carga contenerizada del país. El problema no es la capacitación —que incluso expertos consideran necesaria— sino su obligatoriedad y monetización.
El sector lo percibe así:
- No es opcional
- No está regulado
- Y condiciona el acceso
Eso, en logística, se llama fricción operativa… y cuesta dinero.
De hecho, actores como transportistas, agentes aduanales y navieros coinciden en algo clave: la capacitación puede ser positiva, pero imponerla con costo y sin respaldo legal rompe las reglas del juego.
La autoridad mete freno: “no pueden cobrar por entrar”
Aquí es donde la historia se pone interesante.
La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo fue clara:
- El acceso al puerto no puede ser condicionado por privados
- Y no existe disposición oficial que obligue al curso
Incluso instruyó a las terminales a no restringir el ingreso ni imponer cobros asociados a cursos no autorizados.
En términos corporativos:
ASTOM quiso innovar… pero se metió en terreno regulatorio.
Ruptura en la cadena: el puerto dividido
El conflicto no solo es externo. También hay fractura interna:
- Algunas terminales ya se deslindaron
- Otras como Contecon y Hazesa mantienen el impulso
- El diálogo con la comunidad portuaria (Copoma) se rompió
Esto genera un escenario peligroso: reglas distintas dentro del mismo puerto.
Y en logística, eso es el equivalente a manejar con semáforos descompuestos.
El fondo del problema: gobernanza portuaria
Más allá del ruido mediático, este caso abre un debate estructural:
¿Quién define las reglas en los puertos mexicanos?
- ¿La autoridad (Asipona/SEMAR)?
- ¿Los operadores privados?
- ¿O un híbrido sin reglas claras?
Porque lo que está en juego no es un curso de 700 pesos…
es el modelo de gobernanza del sistema portuario.
Como bien se ha señalado en el sector, este tipo de medidas podrían sentar un precedente peligroso: institucionalizar cobros sin base legal dentro de nodos estratégicos del comercio exterior. (vanguardia-industrial.net)
Impacto directo: la cadena logística paga la factura
Si esto escala, el impacto es inmediato:
- Más costos para transportistas
- Mayor tiempo de acceso
- Menor eficiencia operativa
- Y, eventualmente, traslado al precio final
Es decir, el clásico efecto dominó logístico:
todo empieza en el puerto… y termina en el consumidor.
Conclusión: el puerto está en una encrucijada
El caso Manzanillo deja tres mensajes contundentes:
- La seguridad sí importa, pero no puede ser pretexto para cobrar sin regulación
- La autoridad portuaria no va a ceder el control del acceso
- El sector logístico no está dispuesto a absorber costos “creativos”
En pocas palabras:
si alguien pensó que podía poner caseta dentro del puerto… se topó con pared.