El diputado Miguel Trujillo de Ita, de Morena, presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa para tipificar la rapiña como delito en el Código Penal estatal, estableciendo sanciones graves para quienes se aprovechen de desastres o emergencias para saquear bienes destinados al auxilio social.

Lo que propone la iniciativa

Pena de cárcel: de 4 a 10 años para quienes cometan actos de rapiña. Pero en casos agravados —cuando participen dos o más personas, haya violencia física o moral, se cometan en vías públicas o transporte público, o se trate de bienes de primera necesidad para damnificados— la pena puede incrementarse hasta 15 años. (Grupo Milenio)
Multas económicas: también se contemplan sanciones económicas que van desde 22,628 pesos hasta 67,884 pesos, con aumentos en los escenarios agravados.

¿Por qué ahora?

Trujillo de Ita fundamenta la iniciativa en antecedentes recientes de desastres en los que los apoyos para personas afectadas fueron objeto de saqueo, como los registrados tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el huracán Otis en 2023. La rapiña, dice, no solo genera pérdidas materiales sino también un grave daño social: desconfianza, inseguridad y el temor de que la emergencia provoque saqueos u oportunismo.

Los agravantes que marcan la diferencia

La iniciativa no solo castiga el acto sino los contextos en que éste se agrava:

Participación colectiva (dos o más personas).
Que los bienes sustraídos sean de primera necesidad (alimento, asistencia humanitaria).
Violencia física o moral.
Que la rapiña ocurra en vías de comunicación pública o transporte público.

Estos elementos podrían disparar la pena hasta el límite máximo propuesto de 15 años.

Implicaciones prácticas

Si se aprueba, obliga a las autoridades de Puebla a fortalecer los mecanismos de protección de bienes de emergencia antes, durante y después de desastres naturales u otros eventos que provoquen crisis.
Se requerirán protocolos más claros para la entrega, vigilancia y distribución de ayuda humanitaria.
También pondrá a prueba la capacidad de las instituciones de impartición de justicia para investigar y sancionar estos delitos en contextos caóticos.

Balance

Tipificar la rapiña como delito con sanciones más severas puede tener un efecto disuasorio fuerte, especialmente si va acompañado de acciones reales de prevención, vigilancia ciudadana y transparencia institucional. Pero la ley por sí sola no bastará; tiene que haber acción coordinada, capacitación legal y logística robusta para que la norma no sea letra muerta en momentos de crisis.