Comerciantes y representantes del sector turístico advierten efectos negativos en la economía local de destinos costeros.
La reciente aprobación en el Senado de una reforma a la Ley Federal de Derechos, que impone un cobro de 42 dólares a cada turista que desembarque en puertos mexicanos desde cruceros internacionales, ha encendido las alertas entre comerciantes, prestadores de servicios turísticos y autoridades locales de destinos costeros.
Hasta ahora, este tipo de visitante estaba exento de dicho pago debido a la naturaleza corta de su estadía —generalmente de apenas unas horas— en cada escala del crucero. Sin embargo, con la nueva disposición, todos los pasajeros que bajen a tierra deberán cubrir esta tarifa, lo que podría traducirse en una disminución en el número de turistas que descienden, así como en una reducción en el gasto que realizan en los destinos nacionales.
Destinos en riesgo de perder competitividad
Representantes de cámaras de comercio en puertos como Cozumel, Puerto Vallarta, Mazatlán y Progreso han expresado su inquietud, argumentando que esta medida coloca a México en desventaja frente a otros países del Caribe, donde los costos para los cruceros y sus pasajeros son menores.
“Este tipo de cobros desalienta a las navieras a incluir puertos mexicanos en sus rutas, lo que a su vez pone en riesgo a miles de familias que viven del turismo local”, señaló un representante del sector empresarial en Quintana Roo.
Impacto directo en la economía local
Según estimaciones del sector, cada crucerista gasta en promedio entre 50 y 120 dólares durante su visita en tierra. La posible reducción en el número de pasajeros que decidan desembarcar afectaría de forma directa a artesanos, guías turísticos, transportistas, restaurantes y comerciantes locales, quienes dependen de esa derrama económica diaria.
Además, pequeños operadores turísticos han manifestado que el nuevo cobro podría generar confusión y obstáculos logísticos en los procesos de desembarque, especialmente si no existe una clara coordinación entre autoridades portuarias, navieras y dependencias federales.
Cuestionamientos sobre su implementación
Aunque la reforma ya fue aprobada en el Senado, aún hay incertidumbre sobre cómo y quién realizará el cobro, si se incluirá automáticamente en el boleto del crucero o si se aplicará al momento de desembarcar. También se desconoce cómo se utilizarán los recursos recaudados y si estos beneficiarán directamente a los destinos turísticos.
Algunos actores del sector proponen que, de mantenerse esta tarifa, los recursos deben canalizarse a mejoras en infraestructura portuaria, seguridad, limpieza, señalización y servicios turísticos, a fin de justificar el nuevo costo ante los visitantes.
Llamado a la reconsideración
Diversos líderes empresariales han solicitado al Congreso revisar o al menos modular la aplicación del cobro, proponiendo esquemas diferenciados por tipo de destino, temporada o número de pasajeros. “No estamos en contra de que se recauden fondos para mejorar nuestros destinos, pero no puede hacerse a costa de perder competitividad y afectar a quienes más dependen del turismo”, afirmaron comerciantes en Mazatlán.
La discusión sobre esta medida continúa generando controversia en la industria turística y podría derivar en ajustes o nuevas disposiciones reglamentarias antes de su entrada en vigor.
