La reforma al Reglamento de Medicina Preventiva en el Transporte permite ordenar pruebas toxicológicas y endurece los requisitos de los terceros autorizados. La SICT detectó 19 casos irregulares entre 63 médicos.
Un operador de tractocamión que se niegue a una prueba toxicológica ya no puede conducir: el rechazo se considera una declaración de no aptitud psicofísica, y quien lo haga no podrá ejercer las actividades que ampara su licencia federal hasta que apruebe una nueva evaluación psicofísica y toxicológica. Es una de las reglas del decreto que reforma el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte, publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2026. La reforma no se limita a los conductores: también apunta a los médicos y a los “terceros autorizados” que aplican los exámenes, un eslabón que la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) admitió en abril que tenía problemas.
Qué cambia para el operador
De acuerdo con la nota de UnoTV del 9 de junio sobre el decreto, las autoridades podrán ordenar estudios adicionales, incluidas pruebas toxicológicas, para emitir o confirmar un dictamen médico. Esos estudios podrán exigirse durante el examen médico, después de un accidente o incidente de transporte, cuando existan indicios de consumo de alcohol o sustancias, o cuando lo requieran tratados internacionales aplicables. Las pruebas pueden detectar alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y medicamentos que afecten la conducción. El decreto aplica a quien solicite u obtenga una licencia federal para operar en el autotransporte federal y, en general, al personal que opera, conduce o auxilia en el autotransporte federal y el sistema ferroviario. Entra en vigor al día siguiente de su publicación, y los trámites iniciados antes se resuelven con las reglas vigentes al momento de presentarse.
El eslabón débil: los terceros autorizados
La reforma llega después de que la SICT reconociera, en una entrevista con La Crónica de Hoy publicada el 23 de abril, problemas en el sistema de médicos autorizados. La titular de la Dirección General de Prevención y Medicina Preventiva en el Transporte, Sonia Edith Jiménez Hernández, informó que hay 63 médicos autorizados registrados y que se detectaron 19 casos irregulares, a quienes se notificó que no se les renovará la autorización. Dijo que el programa de terceros autorizados no se eliminará, sino que se fortalecerá con nueva normativa, y que la meta es revisar al 100% de los médicos en 2026, con un presupuesto de 13 millones de pesos para ello, que podría requerir ampliación. La funcionaria anunció además revisiones periódicas de instalaciones, insumos, práctica médica y expedientes digitalizados, citas sin gestores y jornadas de medicina itinerante en Toluca, con planes para Guadalajara y Monterrey.
Fuente: SICT, según entrevista de La Crónica de Hoy (23 de abril de 2026). La cifra de 19 casos irregulares se refiere a médicos con autorización registrada, no a exámenes ni a operadores.
Los números sugieren la dimensión del problema: 19 de 63 es 30.2% de los médicos autorizados (cálculo propio). Las notas consultadas no indican cuántos dictámenes de aptitud, requisito para obtener o renovar la licencia federal, emitieron esos médicos. Aun así, es un dato relevante para las empresas: un operador cuya licencia dependa de un dictamen irregular es un riesgo operativo y, en caso de accidente, una posible exposición legal y de seguros.
Más exigencias para quienes aplican los exámenes
El decreto endurece los requisitos para los terceros autorizados: capacitación especializada, acreditación de competencia médica, cumplimiento fiscal, instalaciones adecuadas y sistemas informáticos para el registro y los resultados. Crea también mecanismos de inspección, verificación y vigilancia, y prevé la suspensión temporal o la revocación definitiva de la autorización por incumplimiento. Los terceros que ya cuentan con autorización podrán seguir operando hasta que ésta venza. La SICT ya había ampliado la jornada de medicina preventiva en la unidad médica Las Bombas, en la Ciudad de México: de lunes a viernes, de 14:00 a 18:00 horas, en mayo, agosto y noviembre, según adn40.
El choque con la escasez de operadores
El endurecimiento llega en un momento incómodo. Estimaciones del sector sitúan el déficit de operadores entre 40,000 y 80,000 (Expansión) y hasta cerca de 100,000 (ANTAC), y los operadores ya enfrentan nuevas exigencias en el extranjero, como la propuesta de la FMCSA sobre el dominio del inglés, analizada en un reportaje previo. Cada nuevo requisito —médico, toxicológico, lingüístico— aumenta la fricción para ingresar o mantenerse en la profesión. No es un argumento contra la reforma: un conductor bajo los efectos de sustancias es un riesgo para todos en la carretera. Pero sí es una razón para que la implementación sea ágil, sin gestores ni cuellos de botella, y para que las empresas ofrezcan a sus operadores información clara sobre los nuevos procedimientos.
Fuente: Expansión (rango 40,000–80,000) y ANTAC (cercano a 100,000), según reportajes previos de esta serie. Son estimaciones distintas, no sumables, con metodologías no publicadas.
Lo que deben hacer las empresas
Hay tres tareas inmediatas. La primera es informar: que cada operador sepa que negarse a una prueba tiene consecuencias equivalentes a un dictamen negativo. La segunda es documentar: guardar evidencia de los exámenes de aptitud de su plantilla y verificar que el tercero autorizado que los emitió siga vigente. La tercera es revisar políticas internas de consumo de sustancias y acciones posteriores a un accidente, porque la autoridad puede ahora ordenar pruebas en esos casos. Queda por ver cómo se reglamentará en la práctica, en cuánto tiempo se entregan los resultados y qué ocurre si un operador da positivo por un medicamento recetado. El decreto, según la nota de UnoTV, no cita cifras de sanciones ni de costos de los estudios.