México registra los costos logísticos más elevados de toda América del Norte, según un análisis publicado por Milenio, que señala al desbalance modal del país como la causa estructural del problema. La dependencia casi absoluta del autotransporte de carga para el movimiento de mercancías —que en México representa más del 80% del total frente a menos del 60% en Estados Unidos— implica costos logísticos sensiblemente mayores que los de sus socios comerciales del T-MEC, donde el ferrocarril, el transporte marítimo de cabotaje y los gasoductos tienen una participación mucho más equilibrada en la cadena de suministro.
El costo logístico como proporción del PIB en México ronda el 12-14%, frente al 8-9% en Estados Unidos y cifras similares en Canadá. Esta brecha tiene consecuencias directas en la competitividad de los productos mexicanos en los mercados internacionales: cuando los costos de mover una mercancía desde la fábrica hasta el cliente son proporcionalmente más altos, el margen para competir en precio se reduce. Para los exportadores mexicanos, especialmente en el sector agroalimentario y manufacturero, la ineficiencia logística es un impuesto invisible que erosiona sus márgenes.
Las causas del problema son conocidas: una red ferroviaria diseñada exclusivamente para la carga y sin servicio de pasajeros, sin competencia entre concesionarias en muchos tramos clave; carreteras con rezago de mantenimiento acumulado que eleva los costos operativos de los vehículos; puertos con procesos aduanales lentos que aumentan los tiempos de estadía de la carga; y una estructura empresarial del autotransporte dominada por pequeñas empresas y operadores independientes con poca capacidad de inversión tecnológica.
El Plan 2030 que el gobierno federal presentó semanas atrás busca atacar exactamente esta brecha: reequilibrar la participación modal, modernizar los puertos, digitalizar las aduanas y fortalecer el capital humano del sector. Sin embargo, el camino es largo: reducir los costos logísticos de México al nivel de sus socios del T-MEC requeriría inversiones sostenidas por al menos una década y reformas institucionales profundas que hasta ahora no se han materializado con la urgencia que el sector demanda.
