En una declaración contundente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno buscará llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes del 1 de noviembre para aminorar el impacto del arancel del 25 % que Washington impondrá a camiones medianos y pesados importados. La medida, impulsada bajo argumentos de “seguridad nacional”, representa una tensión directa con la industria automotriz mexicana, que exporta gran parte de su producción al mercado estadounidense.
“Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina, reconociendo que aunque el gravamen aplicará para todos los países, “obviamente a México le afecta más”.
El anuncio se produce un día después de que el presidente Donald Trump confirmara en su plataforma oficial que todas las importaciones de camiones medianos y pesados estarían sujetas a un arancel del 25 % a partir del próximo mes de noviembre. Aunque originalmente se esperaba que esta medida comenzara en octubre, fue pospuesta para dar tiempo de negociación y operación aduanera.
Exposición mexicana ante la imposición arancelaria
México es el mayor exportador de vehículos pesados hacia Estados Unidos. En los últimos años, entre 82 % y 91 % de la producción nacional de este segmento se ha orientado al mercado estadounidense. Con ese peso exportador, cualquier barrera impositiva impacta directamente a fabricantes, transportistas y a la cadena de proveedores regionales.
El hecho de que el anuncio estadounidense no especifique si las unidades fabricadas en México bajo reglas del T-MEC estarán exentas genera un ambiente de incertidumbre. México ha sostenido negociaciones con EE. UU. para tratar de excluir unidades con contenido regional de este gravamen, e incluso ha buscado demorar plazos para una negociación de fondo.
Ante la presión, Sheinbaum subrayó que el gobierno ya ha iniciado conversaciones diplomáticas: el secretario de Economía mexicano está en contacto con su contraparte estadounidense para explorar vías de acuerdo o exenciones parciales.
Retos y escenarios para México
1. Exención vía reglas de origen
Para que camiones fabricados en México queden fuera del arancel, deberán demostrar que cumplen con los requisitos de contenido regional bajo las reglas del T-MEC. Si no se aclaran esos criterios antes del 1 de noviembre, los fabricantes mexicanos quedan en situación de desventaja frente a unidades ensambladas en EE. UU.
2. Posible “waiver” temporal
Una salida política que México podría negociar es un período temporal de gracia (waiver) que permita a los fabricantes ajustar cadenas de suministro y certificar unidades antes de aplicar el gravamen completo.
3. Subida fuerte de precios de venta
Si el arancel se aplica sin concesiones, los costos de importar unidades podrían trasladarse al cliente final. Algunas estimaciones del sector contemplan incrementos de decenas de miles de dólares por unidad, lo que puede frenar la demanda interna y la renovación de flotas.
4. Desaceleración de inversiones
La incertidumbre arancelaria puede paralizar decisiones de inversión: fábricas que planeaban ampliar líneas, proveedores de partes y empresas transportistas podrían postergar planes hasta que haya claridad.
Significado político
Sheinbaum no solo actúa como mandataria, sino como negociadora directa. Su propuesta de comunicación con Trump refleja que el asunto trasciende lo económico para entrar al terreno de la diplomacia y la geopolítica comercial. Al posicionar la negociación como prioritaria antes del 1 de noviembre, marca un plazo que condiciona la reputación del gobierno mexicano ante su base industrial.
Al mismo tiempo, la jugada política aporta una señal de firmeza: México no aceptará aranceles que afecten su industria sin intentar consenso. Esto puede fortalecer la posición negociadora, aunque dependerá de la receptividad del gobierno estadounidense y de los intereses comerciales de ese país.
