La Secretaría de Marina reactivó la ampliación del Puerto de Veracruz, uno de los proyectos de infraestructura portuaria más ambiciosos del país, a pesar de que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó frenar la obra por irregularidades en sus permisos ambientales.
La decisión ha encendido las alertas de organizaciones civiles y ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de un daño irreversible al sistema arrecifal veracruzano, considerado el más grande e importante del Golfo de México.
Un proyecto cuestionado
El plan contempla la construcción de una escollera sur de más de 3,000 metros de longitud, con una inversión estimada de 7,750 millones de pesos y un calendario que se extendería hasta 2028.
Sin embargo, críticos aseguran que la nueva autorización otorgada por la Semarnat mantiene el mismo problema que señaló la Corte en 2022: evaluar los impactos de manera fragmentada y no integral, dejando fuera los efectos acumulativos sobre arrecifes, manglares y humedales cercanos.
Riesgos sobre los arrecifes
De acuerdo con expertos y activistas, la obra podría alterar corrientes, sedimentación y patrones ecológicos marinos, afectando arrecifes emblemáticos como La Gallega. Además, los manglares y ecosistemas costeros adyacentes quedarían vulnerables, sobre todo si se extraen materiales de construcción en zonas no reguladas.
“Esto no es solo una obra portuaria; es una amenaza directa a uno de los ecosistemas más valiosos del país”, han señalado las organizaciones.
Protestas y exigencias
En el malecón de Veracruz ya se han registrado manifestaciones con consignas como “El mar no se vende”, en demanda de que se suspenda cualquier avance hasta que exista un estudio integral y público sobre los impactos ambientales reales del proyecto.
Las agrupaciones piden además que se cumpla al pie de la letra la sentencia de la Corte, que se detengan licitaciones y se incorpore asistencia técnica internacional y participación ciudadana en el proceso.
Un reto para el Estado de derecho
El caso del Puerto de Veracruz no solo pone a prueba la política ambiental del país, sino también la capacidad del gobierno para acatar resoluciones judiciales y garantizar que el desarrollo económico no se haga a costa del patrimonio natural.
De avanzar en las condiciones actuales, la ampliación podría sentar un precedente negativo para otros megaproyectos costeros, debilitando los mecanismos de protección ambiental y generando conflictos legales y sociales de largo alcance.
Esta reactivación es una señal de que la disputa entre infraestructura y medio ambiente seguirá siendo uno de los grandes temas en la agenda pública mexicana.
