Una masiva operación federal desmanteló una red de contrabando de hidrocarburos —conocida como huachicol fiscal— donde se incautaron al menos 10 millones de litros de diésel en Tampico y 8 millones de gasolina en Ensenada, lo que representa un fraude fiscal estimado de entre 97 millones y potencialmente hasta 177 mil millones de pesos anuales .
En total fueron detenidas 14 personas, que incluyen a seis marinos (algunos activos, otros retirados), exfuncionarios aduanales y empresarios. Entre los líderes señalados está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien habría utilizado su posición dentro de la Secretaría de Marina para infiltrar personas de confianza en aduanas estratégicas y facilitar el tráfico ilícito de combustible.
🚛 Empresas de transporte señaladas
Mefra Fletes, S.A. de C.V.
| Rol en la red | Persona clave | Antecedentes / evidencia |
|---|---|---|
| Representante legal y operador del transporte del huachicol decomisado | Anuar González Hemadi – exjuez federal destituido por corrupción (caso “Los Porkys”) | Desde noviembre de 2023 funge como apoderado legal. En operativos federales se identificó que camiones cisterna del flotilla de Mefra Fletes transportaron parte del combustible incautado en Tampico; también se aseguraron terrenos de la empresa donde se halló combustible ilícito . |
Esta empresa tiene antecedentes documentados: en 2020 fue sorprendida trasladando más de 28,000 litros de diésel cuya procedencia no pudo acreditar durante una inspección en Reynosa, Tamaulipas .
🔍 Análisis profundo
1. Modo de operación de la red
- Nepotismo militar y complicidad institucional: según la Fiscalía, la red se estructuró aprovechando relaciones familiares y de confianza dentro de la Marina y aduanas —lo que permitió el paso ilícito de combustibles por puertos clave con documentación falsa y complicidad de autoridades (El País).
- Empresas de transporte como piezas funcionales: compañías como Mefra Fletes sirvieron como brazo operativo del trasiego, desde la recolección del combustible contrabandeado en puertos hasta su traslado hacia otros estados. Su flotilla y terrenos fueron parte integral de operaciones investigadas (El País).
2. Implicaciones legales y sociales
- Corrupción institucional agravada: la detención de altos mandos navales —una institución con uno de los mayores niveles de aprobación ciudadana en México— representa un golpe simbólico y real al discurso de transparencia en dependencia de Marina (El País).
- Desconfianza ciudadana y riesgos reputacionales: la presencia de un exjuez destituido y un juez federal en funciones ilícitas agudiza la percepción de impunidad en el sistema de justicia .
3. Desafíos que quedan por enfrentar
- Identificación y captura de personas prófugas, potenciales enlaces financieros y demás empresas que podrían estar implicadas, según declaraciones de autoridades (El País).
- Fortalecimiento de controles internos en la Marina, aduanas y financiamiento corporativo para evitar que empresas fachada vuelvan a multiplicarse con fines delictivos.
El escándalo del huachicol fiscal más allá de recaer solo en militares o funcionarios aduanales, expuso cómo empresas de transporte como Mefra Fletes han sido esenciales en la operación operativa del contrabando. No son actores accesorios: se convirtieron en nodos logísticos, legales y administrativos críticos dentro de la estructura criminal.
El caso demanda que las investigaciones descubran no solo quién dirige la red, sino cómo operan las empresas de transporte implicadas, cuáles son sus relaciones con políticos o grupos delictivos y cómo se financian. Solo así podrá desarticularse realmente una red cuya sombra parece extenderse más allá de los puertos del sur y norte del país.
