El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha suspendido 63 permisos aduanales a agentes y empresas vinculadas con el tráfico de combustible de origen ilícito conocido como huachicol fiscal, según reportó La Jornada. La medida es la más contundente en escala que la administración federal ha aplicado contra el ecosistema de corrupción aduanal que permite que el huachicol entre al mercado formal disfrazado de importaciones legítimas.
Los agentes aduanales son los intermediarios legales que representan a los importadores ante la ANAM para el despacho de mercancías. Sin un agente aduanal con permiso vigente, una empresa no puede importar legalmente en México. La suspensión de 63 permisos corta el acceso de esos agentes al sistema formal de importación, lo que en teoría elimina el canal que utilizaban para ingresar combustible ilícito al mercado con documentación adulterada.
El contexto: el endurecimiento aduanal que venía anunciándose
La suspensión de los 63 permisos no es un episodio aislado: es la culminación de un endurecimiento gradual que la ANAM ha ejecutado durante agosto, en línea con las investigaciones sobre Ingemar, el proceso judicial contra Fernando Farías y los hallazgos de Milenio sobre plantas clandestinas de huachicol conectadas en tres estados. El gobierno federal está construyendo un caso estructural contra el huachicol fiscal, no solo respondiendo a incidentes individuales.
La suspensión masiva de 63 permisos genera una advertencia que el sector del comercio exterior necesita procesar: las empresas que utilizan agentes aduanales deben verificar que su representante tiene el permiso vigente y sin observaciones. Si el agente aduanal de una empresa importadora tiene el permiso suspendido, los despachos en curso pueden quedar paralizados hasta que se resuelva la situación o se designe a un agente alternativo. La diligencia en la selección del agente aduanal nunca fue más importante que ahora.
