El diésel en México enfrenta una tormenta perfecta: presión internacional por el conflicto en Medio Oriente y ajustes fiscales internos vía IEPS. El resultado es un escenario de alta volatilidad que, aunque parcialmente contenido, ya comienza a tensionar los costos del autotransporte y la logística nacional.
En el frente internacional, el mercado energético se ha encendido. El precio del crudo ha subido entre 7% y 10% en cuestión de días tras el conflicto en la región del Golfo Pérsico, particularmente por la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz, por donde fluye cerca del 20% del petróleo mundial . Este incremento, como dicta la historia energética, se traduce en presiones directas sobre el diésel en México, aunque con un desfase de semanas.
El impacto no es inmediato, pero es inevitable. Analistas coinciden en que un aumento de 10 dólares por barril puede reflejarse en incrementos en combustibles en un plazo de hasta 20 días . Aquí es donde entra el papel del gobierno mexicano: el IEPS.
El diésel en México no es un precio libre. Es un precio administrado políticamente. El IEPS funciona como amortiguador: cuando sube el petróleo, Hacienda reduce el impuesto para evitar un “gasolinazo”. Este mecanismo ha sido confirmado por el propio gobierno, que ya analiza aplicar estímulos fiscales si la presión internacional se mantiene .
Sin embargo, hay una trampa financiera. Cada peso que se reduce en IEPS es dinero que el Estado deja de recaudar. Expertos advierten que esta estrategia protege al consumidor en el corto plazo, pero debilita las finanzas públicas . Es decir, el costo no desaparece: solo cambia de bolsillo.
Para el sector logístico, el panorama es claro: aunque el precio del diésel en México no suba abruptamente, el entorno de incertidumbre ya está afectando la planeación operativa, los contratos de largo plazo y las tarifas de transporte. Las empresas están operando con un ojo en la ruta y otro en el Brent.