El huachicol fiscal —la práctica de subdeclarar el valor de las mercancías importadas para reducir el pago de impuestos de importación— proliferó en Matamoros, Tamaulipas, precisamente después de que se militarizó la aduana local, según documentó El País en una investigación periodística publicada esta semana. El hallazgo confirma un fenómeno que los analistas del comercio exterior y la seguridad pública han señalado en distintos contextos: la militarización de las aduanas no necesariamente se traduce en mayor efectividad de los controles, y puede en cambio generar condiciones para nuevas formas de corrupción o de captura de las estructuras de control por parte de los grupos que operan el comercio ilícito.
El término ‘huachicol fiscal’ extiende el concepto original —que describía el robo de combustible de los ductos de Pemex— hacia el ámbito aduanal: así como el huachicol energético implica desviar combustible del circuito formal de distribución, el huachicol fiscal implica desviar recursos fiscales que deberían recaudarse en el despacho aduanal hacia el bolsillo de quienes operan los esquemas de subfacturación. La investigación de El País apunta a que la militarización de la aduana de Matamoros, lejos de reducir este fenómeno, lo facilitó al crear nuevas estructuras de control con menor supervisión civil.
Para el sector logístico formal que opera en el corredor Matamoros-Brownsville —uno de los cruces comerciales más importantes del noreste—, el huachicol fiscal genera competencia desleal: las empresas que cumplen correctamente con sus obligaciones aduanales pagan los aranceles e impuestos completos, mientras los competidores que utilizan esquemas de subfacturación reducen artificialmente su carga fiscal y pueden ofrecer precios más bajos en el mercado. Esta distorsión erosiona la competitividad del sector formal y desincentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en el comercio exterior.
La investigación de El País es también relevante para el debate sobre el modelo de administración aduanal en México. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha venido militarizando progresivamente las principales plazas aduanales del país, en un proceso que generó controversias desde su inicio. Si la evidencia del caso de Matamoros confirma que la militarización facilita nuevas formas de corrupción aduanal en lugar de reducirlas, el modelo merece una revisión profunda que incluya mecanismos de supervisión civil independiente.
