Juan Carlos Méndez, un transportista originario de San Juan del Río, Querétaro, invirtió sus ahorros y adquirió un tractocamión nuevo con la ilusión de independizarse y comenzar a operar rutas de carga hacia el norte del país, pero sin placas eso es imposible.
A más de seis semanas de haber iniciado el trámite de emplacamiento ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), su unidad sigue parada en el patio de su casa. “El camión ya está listo, asegurado y con operador contratado, pero sin placas no puedo moverlo. Cada día que pasa es dinero que dejo de ganar, y las mensualidades del crédito no esperan”, lamenta Juan Carlos, mientras observa con frustración cómo su herramienta de trabajo se oxida antes de siquiera pisar la carretera.
1. Un rezago que se ha vuelto crónico
Idealmente, los trámites de emplacamiento y baja de unidades deberían resolverse en un plazo máximo de siete días hábiles. Sin embargo, en la realidad, estos procesos se extienden hasta dos meses o más.
Desde la pandemia del 2020, el emplacamiento ha pasado de tomar 1–2 semanas a 2 o 3 meses.
En el primer trimestre de 2025, este atraso generó pérdidas estimadas en 1,200 millones de pesos por trimestre para los transportistas.
2. Un problema de corte nacional
En junio de 2025, se reportó que más de 7,000 unidades (nuevas y seminuevas) estaban paradas a nivel nacional por falta de placas.
Los principales focos de retraso se concentran en el Centro Metropolitano de la SICT, así como en oficinas del Estado de México y Puebla.
Asociaciones del sector (ANPACT, AMDA, CANACAR) instan a descentralizar los trámites: sugieren que concesionarios o arrendadoras gestionen el emplacamiento desde origen, como ya ocurre en estados como Jalisco.
3. Efectos operativos y económicos reales
Transportistas enfrentan faltas de ingresos, pagos de financiamientos sin retorno y pérdida de contratos, al no poder circular por trámites pendientes.
También hay riesgo de extorsión al dejar unidades inactivas en zonas inseguras.
En 2023, los trámites pasaron de tardar solo 3 días a hasta 30 días, representando un aumento de 10 veces en los tiempos de espera.
Según ANPACT, la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) requiere mayor personal e insumos, mientras que AMDA destaca que algunos estados permiten el emplacamiento en un solo día desde las agencias.
4. Manifestaciones y presión social en crecimiento
El 25 de abril de 2025, gestores y representantes legales del autotransporte bloquearon la Av. Insurgentes Sur en CDMX para exigir cumplimiento de plazos.
Brandon Pulido, presidente de la Asociación Nacional de Representantes Legales, afirmó:
“Los trámites deberían resolverse en una semana, pero la realidad es que estamos esperando hasta dos meses… El impacto es grande… transportistas se ven obligados a detener sus operaciones”.
Se estableció una mesa de diálogo con la SICT; se acordó un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver los pendientes y priorizar las bajas de unidades robadas, con una reunión de seguimiento el 26 de mayo.
5. Insumos insuficientes: otra arista del problema
En abril de 2025, Diego Bolio, delegado estatal de Conatram, alertó que la falta de insumos en la SCT provoca retrasos de hasta un mes en diversos trámites.
El sector del autotransporte federal enfrenta una crisis provocada por retrasos sistemáticos en el emplacamiento y baja de unidades. Estos problemas —alimentados por falta de insumos, personal insuficiente y procesos centralizados— han derivado en pérdidas millonarias, parálisis operativa y protestas crecientes. Aunque hubo compromisos de la SICT para agilizar trámites, si no se materializan en acción efectiva, el escenario podría agravarse.
