La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó formalmente las inspecciones que el gobierno del estado de Texas realiza a tractocamiones y autobuses de procedencia mexicana en la frontera. La postura del gobierno federal mexicano se suma a la creciente tensión bilateral en materia de autotransporte, que en las últimas semanas ha incluido la cancelación masiva de visas a operadores por prácticas de cabotaje, la iniciativa del Congreso de Estados Unidos para limitar tripulaciones ferroviarias mexicanas y la exigencia de mayor contenido nacional en los vehículos producidos en México para el T-MEC.
Las inspecciones que Texas aplica a vehículos de carga mexicanos en la frontera van más allá de los controles convencionales de la Oficina Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA): el gobierno texano ha instrumentado sus propios mecanismos de verificación que el sector del autotransporte mexicano considera discriminatorios, arbitrarios y fuera de la competencia estatal en un ámbito que corresponde al gobierno federal estadounidense. La Cancillería argumenta que estas acciones unilaterales contravienen el espíritu del T-MEC y generan costos y demoras injustificadas para los operadores mexicanos que transitan legalmente hacia territorio estadounidense.
Para el autotransporte de carga que opera en el corredor norte, la tensión con Texas representa un doble riesgo: las inspecciones adicionales generan tiempos de espera que elevan los costos operativos y complican el cumplimiento de compromisos de entrega con clientes estadounidenses, mientras la presión política bilateral crea un clima de incertidumbre que dificulta la planeación de largo plazo de las empresas que dependen del comercio transfronterizo como núcleo de su negocio.
El rechazo formal de la Cancillería llega en el contexto de la revisión del T-MEC, que ya ha generado mayores controles y exigencias de cumplimiento regulatorio para el transporte binacional. Para Canacar, cuyo presidente Augusto Ramos lleva precisamente 100 días al frente de la cámara esta semana, el episodio de Texas refuerza la urgencia de que el gobierno federal mexicano defienda activamente los derechos operativos del autotransporte en las negociaciones bilaterales, más allá de los comunicados diplomáticos.
