La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) endureció su postura frente a las autoridades del Estado de México y exigió resultados concretos para conectar las cámaras de videovigilancia instaladas en unidades de transporte público con el sistema C5.
Odilón López Nava, delegado de CANAPAT en la entidad, señaló que el sector lleva meses insistiendo en la necesidad de concretar esta conexión, mientras que la respuesta de las autoridades se ha concentrado en mesas técnicas y reuniones sin que, hasta ahora, exista una solución definitiva.
El dirigente explicó que transportistas han sido informados sobre fallas técnicas detectadas en los sistemas de monitoreo y sobre el desarrollo de un nuevo programa para corregirlas. Sin embargo, CANAPAT considera que esas explicaciones son insuficientes ante los problemas de inseguridad que enfrentan diariamente pasajeros y operadores.
Las cámaras ya están, pero falta la conexión
El punto crítico para los transportistas es que muchas empresas ya realizaron inversiones económicas y operativas para instalar los equipos de videovigilancia requeridos.
López Nava recordó que cuando las cámaras estuvieron correctamente vinculadas al C5, el sistema permitió agilizar la actuación de las corporaciones de seguridad ante hechos delictivos, particularmente en determinadas zonas del Estado de México.
El problema actual es especialmente delicado porque las empresas transportistas no necesariamente tienen acceso directo a las grabaciones generadas por los equipos asociados al sistema gubernamental.
Durante la reunión mensual de CANAPAT, operadores señalaron que después de un asalto los usuarios suelen exigir las grabaciones a los transportistas, pero las compañías no cuentan con mecanismos para extraer directamente los videos. Esta situación incluso ha generado entre algunos pasajeros la percepción de que las empresas no quieren colaborar con las investigaciones.
La falla también afecta trámites
El problema rebasa la seguridad.
Transportistas señalaron que el funcionamiento del denominado kit de seguridad también interviene en trámites de prórroga relacionados con las unidades, por lo que las fallas tecnológicas pueden convertirse además en una barrera administrativa para los concesionarios.
Para CANAPAT, el siguiente paso debe ser pasar de las reuniones a una implementación funcional que permita compartir información con las autoridades y aprovechar realmente la infraestructura instalada.
La exigencia es simple: si los transportistas ya invirtieron en cámaras, equipos y sistemas de seguridad, éstos deben funcionar como una herramienta operativa de prevención e investigación y no quedarse como un requisito instalado únicamente para cumplir con la regulación.
Para una entidad con una de las redes de transporte público más importantes del país, conectar efectivamente las unidades con el C5 puede convertirse en una pieza clave para reducir tiempos de reacción, generar evidencia ante delitos y recuperar confianza entre pasajeros, operadores y empresas.